La Oficina del Fiscal de Distrito de DeSoto County, Mississippi, anunció el día de ayer una colaboración más estrecha con el Servicio de Inmigracion y Control de Aduanas (ICE) para acelerar la deportación de inmigrantes indocumentados arrestados en la región. Matthew Barton, fiscal del condado, enfatizó que esta alianza tiene como objetivo reforzar la seguridad pública al deportar a aquellos individuos que, según su oficina, representan un riesgo para la comunidad local.
En su comunicado, la Oficina del Fiscal de Distrito dijo que es su obligación legal bajo ley estatal cooperar totalmente con las autoridades federales. La publicación fue acompañada por las fotos de catorce individuos que la oficina alega son inmigrantes indocumentados bajo su custodia.
De los catorce inmigrantes utilizados como ejemplo en este comunicado, la mayoría están siendo procesados por delitos no clasificados como violentos bajo la ley de Mississippi, como el uso de documentos falsos y robo de identidad. Los cargos son meras acusaciones y los acusados se presumen inocentes a menos que se demuestre su culpabilidad.
“La semana pasada, Miguel Godinez, quien fue acusado en Southaven, fue puesto bajo custodia de ICE y su proceso de deportación ha sido iniciado,” dice el comunicado.
El fiscal Barton justificó su postura argumentando que estos inmigrantes han permanecido un total de 1.536 días en la cárcel del condado, generando un costo de aproximadamente $184.320 dólares para los contribuyentes, subrayando que este es un ejemplo de como la inmigracion indocumentada impacta el sistema de justicia y a la comunidad.
“No permitiremos que los inmigrantes indocumentados socaven la seguridad de nuestro condado,” declaró, haciendo un llamado a la necesidad de sellar las fronteras y continuar la cooperación con ICE.
Más allá del ámbito judicial, la política migratoria tiene implicaciones económicas significativas.
Según un reporte publicado por el Instituto de Política Fiscal y Económica (ITEP), los inmigrantes indocumentados contribuyen de manera considerable al financiamiento de la infraestructura y los servicios públicos. En 2022, estas contribuciones a nivel federal, estatal y local ascendieron a $96,700 millones de dólares. Más de un tercio de esa cantidad, $33.900 millones de dólares, se destinó a financiar programas de seguro social a los que estas personas no pueden acceder debido a su estatus migratorio.
En Mississippi, las contribuciones fiscales estatales y locales de la población indocumentada alcanzaron los $49.9 millones ese mismo año.
