Memphis, Tennessee — La mañana del jueves 20 de noviembre no pasó desapercibida en Nashville. Un grupo de padres y líderes comunitarios presentó una demanda que podría marcar un antes y un después en la educación pública del estado. El reclamo es claro: el programa universal de vales escolares, impulsado por el gobernador Bill Lee, sería inconstitucional.
La demanda fue presentada en el Tribunal de Cancillería del Condado de Davidson y cuestiona la Ley de Becas para la Libertad Educativa de Tennessee, aprobada en febrero de 2025. Esta legislación abrió la puerta para que miles de familias utilizaran fondos públicos unos $7,000 por estudiante para cubrir gastos en escuelas privadas, un total de 20,000 vales disponibles para el ciclo 2025-2026.
Pero para los demandantes, este programa tiene un costo más alto que cualquier cifra en dólares. Argumentan que la ley viola dos principios fundamentales de la Constitución estatal:
- El requisito de suficiencia de la Cláusula de Educación, al desviar fondos de escuelas públicas ya golpeadas por la falta de recursos.
- El mandato de un sistema único de escuelas públicas gratuitas, al financiar instituciones privadas que operan al margen de este sistema.
“Crié a nueve hijos en Memphis, y todos ellos asistieron a las Escuelas del Condado de Shelby”, expresó Apryle Young, una de las demandantes. “He visto lo que nuestros maestros pueden lograr cuando cuentan con recursos, y lo que sucede cuando esos recursos desaparecen. Necesitamos invertir en nuestras escuelas públicas, no abandonarlas”.
La demanda señala que las escuelas privadas inscritas en el programa no están sujetas a los mismos estándares académicos ni a las medidas de rendición de cuentas que las escuelas públicas. Tampoco están obligadas a respetar las protecciones de derechos civiles. En consecuencia, podrían discriminar a estudiantes con discapacidades, a jóvenes LGBTQ o incluso negar admisión por motivos religiosos, prácticas que serían ilegales en cualquier escuela pública.
Los abogados también destacan que estas escuelas no están obligadas a cumplir con el currículo estatal, con las leyes de educación especial, con requisitos de certificación docente ni con la aplicación del Programa Integral de Evaluación de Tennessee (TCAP).
En el documento presentado ante el tribunal, los demandantes fueron contundentes:
“La falta de recursos fundamentales y los malos resultados estudiantiles en todo Tennessee demuestran que el Estado ya estaba incumpliendo su obligación de proporcionar fondos suficientes a las escuelas públicas… La Ley de Vales Universales reduce aún más esta financiación, privando a los estudiantes de las oportunidades educativas que garantiza la Constitución de Tennessee”.
La demanda está respaldada por la ACLU de Tennessee, el Centro de Derecho Educativo y el Centro Legal para la Pobreza del Sur.
La oficina del gobernador Bill Lee respondió rápidamente, defendiendo el programa como un paso hacia la libertad educativa:
“Todo niño merece una oportunidad para tener éxito… Confiamos en que el tribunal ratificará este importante programa, al que se postularon más de 40,000 familias”.
La batalla apenas comienza, pero una cosa es segura: la educación pública en Tennessee vuelve a estar en el centro del debate. ¿Se fortalecerá o se fragmentará aún más? La decisión quedará en manos de los jueces… y bajo la mirada de miles de familias que dependen de un sistema escolar justo y accesible.
