Tres personas presentaron una demanda federal contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) al acusar a la agencia de tomar represalias en su contra por observar y documentar operativos de inmigración durante la intensificación de las acciones migratorias del gobierno del presidente Donald Trump.
La demanda fue presentada el viernes ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de California y sostiene que el DHS grabó ilegalmente a ciudadanos que monitoreaban las operaciones de los agentes federales y posteriormente les revocó el acceso a programas de viajero confiable como Global Entry y TSA PreCheck.
Los demandantes afirman que las acciones del gobierno violan la Ley Federal de Privacidad, la Ley de Procedimiento Administrativo y los derechos protegidos por la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, al castigar a personas que ejercían su derecho a protestar, reunirse y registrar la actuación de funcionarios públicos.
El Centro de Información sobre Privacidad Electrónica (EPIC) también figura como demandante en el caso.
Según la demanda, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de la Patrulla Fronteriza utilizaron tecnología de reconocimiento facial, lectores de matrículas y otras herramientas de vigilancia para identificar a observadores y manifestantes.
Posteriormente, esa información habría sido utilizada para intimidarlos y tomar represalias, incluyendo la cancelación de beneficios migratorios y de viaje.
Los demandantes aseguran que, en algunos casos, agentes federales se dirigieron a observadores por su nombre sin haber tenido contacto previo con ellos. En Minnesota, agrega la demanda, algunas personas que seguían legalmente los operativos fueron rastreadas hasta sus domicilios.
La práctica llegó a ser tan frecuente que, según el documento judicial, residentes de ese estado comenzaron a referirse a ella como ser “forzados de regreso a casa” por agentes federales.
La demanda también sostiene que el DHS dejó de cumplir con su política de reconocimiento facial publicada en 2023 y que dicha política fue eliminada discretamente del sitio web de la agencia durante el primer mes de la administración Trump.
Los demandantes argumentan que ese cambio debió seguir el proceso establecido por la Ley de Procedimiento Administrativo, algo que, aseguran, no ocurrió.
Nicole Cleland, una de las demandantes y residente de Minnesota, afirmó que su membresía de Global Entry fue revocada apenas tres días después de seguir, a una distancia prudente, a un agente de la Patrulla Fronteriza.
Tras esa experiencia, dijo haber dejado de observar los operativos por temor a nuevas represalias.
Las otras demandantes, Jacquelyn Ivey, de Carolina del Sur, y Anna Walker, de California, señalaron que las acciones de los agentes les provocaron miedo, ansiedad y angustia emocional.
La demanda también menciona incidentes similares ocurridos en Maine, Carolina del Norte y Chicago.
En respuesta a la demanda, un portavoz de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), responsable del programa Global Entry, negó que el gobierno revoque estos beneficios por ejercer derechos protegidos por la Primera Enmienda.
Según la agencia, la membresía en programas de viajero confiable puede ser denegada o cancelada cuando una persona no demuestra ser un viajero de bajo riesgo, o por motivos como actividad delictiva, cargos pendientes o violaciones a las leyes de inmigración o aduanas.
El portavoz añadió que quienes pierden el beneficio pueden solicitar una revisión administrativa y aclaró que la cancelación de Global Entry no impide viajar a Estados Unidos.
Hasta el momento, el Departamento de Seguridad Nacional no ha respondido a los cuestionamientos sobre el uso de reconocimiento facial ni sobre la grabación de observadores durante los operativos de inmigración.
