La disputa legal entre la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados de Tennessee (TIRRC) y la Patrulla de Carreteras de Tennessee (THP) llegó este martes por primera vez ante un tribunal federal, donde los abogados de la organización pidieron una intervención judicial para limitar la colaboración de agentes estatales con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
La demanda sostiene que la THP ha utilizado detenciones de tráfico como una herramienta para facilitar investigaciones migratorias y que, en determinados operativos, esas acciones han afectado de manera desproporcionada a comunidades inmigrantes.
TIRRC y sus abogados, del Policing Project de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York, solicitaron al tribunal una orden judicial preliminar que impida a los responsables de la THP dirigir o permitir detenciones de tráfico realizadas con el propósito de investigar el estatus migratorio de las personas.
La organización argumenta que esas prácticas violarían las protecciones de la Cuarta Enmienda, relacionada con detenciones y registros irrazonables, y de la Decimocuarta Enmienda, que establece garantías de igualdad ante la ley.
El caso identifica como demandados a la THP, al Departamento de Seguridad y Seguridad Nacional de Tennessee, al comisionado Jeff Long y al coronel Matt Perry.
Durante la jornada, integrantes de organizaciones comunitarias y religiosas hablaron sobre las consecuencias que, según ellos, ha tenido la colaboración entre la THP y ICE.
Maria Oceja, fundadora de Vecindarios 901 en Memphis, afirmó que su organización ha documentado decenas de detenciones de tráfico en las que participaron la THP y ICE en la ciudad.
Oceja señaló como ejemplos de las infracciones utilizadas en algunas de esas detenciones problemas relacionados con ventanas polarizadas, luces traseras y placas vehiculares. También cuestionó la presencia de la THP en zonas residenciales de Memphis y su participación en operativos vinculados con inmigración.
Estas afirmaciones forman parte de los argumentos de los demandantes y deberán ser examinadas dentro del proceso judicial.
La demanda presentada originalmente en mayo sostiene que las operaciones conjuntas entre THP e ICE han ocurrido en distintos puntos de Tennessee, incluyendo Nashville, el condado de Robertson y Memphis.
Viridiana Marin, organizadora de TIRRC en el este de Tennessee, sostuvo que la organización busca que las autoridades estatales respeten las garantías constitucionales independientemente de la raza o el estatus migratorio de una persona.
Por su parte, los ministros jubilados Bill y Kaki Friskics-Warren describieron el temor que, según dijeron, existe entre algunos inmigrantes cuando observan patrullas de la THP mientras se trasladan por las carreteras de Tennessee.
También intervino Ashley Warbington, voluntaria de Music City Migra Watch, quien afirmó que una investigación migratoria puede comenzar con una infracción de tránsito y terminar en un arresto de ICE.
Desde Cleveland, Tennessee, Alejandra Hodge, integrante de la junta directiva de TIRRC, habló sobre el impacto que estas acciones tienen en las familias y comunidades inmigrantes. Hodge también mencionó la muerte bajo custodia de ICE de un integrante de esa comunidad, identificado como Alejandro.
Los testimonios fueron presentados por activistas, líderes religiosos y miembros de organizaciones comunitarias como parte de la discusión pública alrededor de la demanda.
La audiencia de este martes no representa todavía una decisión definitiva sobre el fondo de la demanda.
La jueza federal Aleta A. Trauger deberá determinar ahora si concede la orden judicial preliminar solicitada por TIRRC mientras el caso continúa su curso. El expediente federal muestra que la audiencia sobre esa solicitud estaba programada para septiembre y que las partes ya habían presentado sus argumentos y documentos de respaldo.
El resultado podría tener consecuencias para la manera en que la Patrulla de Carreteras de Tennessee realiza detenciones de tráfico cuando existe participación o interés de agentes federales de inmigración.
Por ahora, la pregunta central que queda en manos del tribunal es si las prácticas denunciadas por TIRRC representan un uso inconstitucional de las facultades de la THP o si las autoridades estatales actuaron dentro de los límites establecidos por la ley.
El proceso judicial continuará mientras el tribunal analiza los argumentos de ambas partes.
