En Tennessee, los números hablan por sí solos. Y lo que dicen contradice, de frente, el discurso oficial.
Casi seis de cada diez personas arrestadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) desde que Donald Trump asumió la presidencia no tienen antecedentes penales. No son criminales violentos. No son “lo peor de lo peor”, como insiste la administración. Son personas sin historial delictivo.
Un análisis del Instituto de Informes de Servicio Público, basado en datos oficiales del propio ICE, revela que de 5,667 arrestos realizados en Tennessee desde el 20 de enero, 3,364 —el 59%— corresponden a personas sin antecedentes penales. Más aún: 1,144 de esos arrestos fueron contra inmigrantes que no habían sido condenados por ningún delito ni tenían cargos pendientes.
En el condado de Shelby, donde se concentra la ciudad de Memphis, la situación es todavía más alarmante. El 77% de los arrestos registrados por ICE involucran a personas sin antecedentes penales, aunque los investigadores aclaran que las limitaciones en los datos de ubicación podrían ocultar una cifra aún mayor.
Para defensores de derechos humanos, estos datos desmontan la narrativa de deportaciones selectivas.
“La afirmación de que persiguen a los peores de los peores es simplemente una mentira”, afirmó Elora Mukherjee, directora de la Clínica de Derechos de los Inmigrantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Columbia. “A diario se arresta a personas que cumplen con sus citas, con la corte de inmigración, que hacen todo lo que se supone que deben hacer”.
El análisis se basó en registros que ICE entregó al Proyecto de Datos de Deportación tras una solicitud bajo la Ley de Libertad de Información (FOIA). Este proyecto, integrado por académicos y abogados —muchos vinculados a la Universidad de California—, publica de forma continua información oficial sobre arrestos migratorios.
El conjunto de datos más reciente incluye todos los arrestos realizados hasta el 15 de octubre de este año.
Desde enero, ICE ha realizado un promedio de 21 arrestos diarios en Tennessee. Pero en octubre la cifra se disparó a casi 35 arrestos por día.
El aumento coincide con el despliegue del llamado Grupo de Trabajo para la Seguridad de Memphis, que comenzó operaciones el 29 de septiembre con cientos de agentes federales, policías estatales y personal de la Guardia Nacional.
En los primeros 15 días de octubre se registraron 522 arrestos, la cifra más alta para ese período en todo el año. En los primeros 17 días del operativo, ICE reportó 587 arrestos en todo el estado, al menos 65 de ellos en el condado de Shelby. Los datos no incluyen arrestos de ciudadanos estadounidenses.
El grupo tiene una misión doble: combatir el crimen violento y hacer cumplir la ley migratoria. Pero los números indican que el foco no está puesto, precisamente, en delincuentes peligrosos.
Para Mauricio Calvo, presidente de Latino Memphis, las consecuencias van mucho más allá de los detenidos.
“Esto nos obliga a preguntarnos cuál será el impacto no solo en estas personas, sino en sus familias, empleadores, arrendadores y clientes”, dijo. “Es un golpe duro, no solo para la comunidad inmigrante, sino para el país entero”.
El análisis también revela un dato que estremece: ICE ha arrestado a más de 50 menores de edad en Tennessee desde enero. Al menos 22 tenían menos de 10 años. Los más pequeños: dos niños de apenas cuatro años.
De los 52 arrestos de menores en todo el estado, 38 ocurrieron en el condado de Shelby.
Un informe de ProPublica, publicado en noviembre, señala que este año más niños inmigrantes han sido enviados a albergues federales que en los cuatro años anteriores juntos. En muchos casos, los menores terminaron detenidos tras citas rutinarias en cortes de inmigración o durante operativos dirigidos a otros adultos.
Calvo confirma que esta práctica ocurre en Memphis.
“ICE llega a las casas diciendo que es una ‘revisión de bienestar infantil’”, explicó. “Con esa excusa terminan deteniendo a niños y a sus familias. Es completamente inhumano. Es realmente triste”.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no respondió a las solicitudes de comentarios.
La mayoría de los arrestos en Tennessee involucran a ciudadanos mexicanos y guatemaltecos. Casi seis de cada diez detenidos pertenecen a estas dos nacionalidades.
Los mexicanos representan el 34% del total de arrestos, y cerca de la mitad no tiene antecedentes penales. De los 1,447 guatemaltecos arrestados, el 59% tampoco cuenta con historial delictivo.
En el condado de Shelby, la nacionalidad con más arrestos es la mexicana (148), seguida de la venezolana (106) y la guatemalteca (104).
En septiembre, la subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, aseguró que el aumento en la aplicación de la ley migratoria estaba “expulsando a criminales de nuestras calles”.
Pero los propios datos de ICE dicen otra cosa.
“Los números demuestran que la narrativa del gobierno es falsa”, afirmó Calvo. “Entonces uno se pregunta: ¿cuál es el motivo? ¿Racismo? ¿Distracción? ¿Convertir a un grupo en chivo expiatorio en lugar de buscar soluciones reales?”.
Las cifras están ahí. Y no mienten.
