Condado de Putnam, Tennessee — En un movimiento que ha encendido el debate sobre la colaboración local con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), el condado de Putnam se convirtió esta semana en el primer condado de Tennessee en firmar un acuerdo para crear un grupo de trabajo con la agencia federal.
La Oficina del Sheriff de Putnam formalizó el convenio bajo el programa 287(g), una medida que permite a los agentes locales actuar con autoridad en asuntos migratorios fuera de la cárcel, específicamente en las calles del condado. Aunque la cárcel del condado ya colaboraba con ICE en la identificación de personas detenidas por razones migratorias, este nuevo acuerdo marca un paso más allá al autorizar intervenciones activas en el ámbito comunitario.
Con esta firma, Putnam se une a la Patrulla de Carreteras de Tennessee como la segunda agencia policial del estado en implementar funciones migratorias bajo el 287(g), aunque se distingue como la primera en activar el modelo de grupo de trabajo.
¿Qué implica este modelo?
Existen tres formas de cooperación entre ICE y las agencias del orden local: cumplimiento de órdenes judiciales, aplicación dentro de cárceles y el modelo de grupo de trabajo. Este último es el más polémico de los tres.
Implementado por primera vez durante la administración de George W. Bush, el modelo de grupo de trabajo fue suspendido en 2012 por el expresidente Barack Obama, debido a denuncias de discriminación racial y falta de supervisión. No obstante, en 2020 fue reinstaurado bajo la presidencia de Donald Trump como parte de una política de mano dura en materia migratoria.
Preocupaciones legales y éticas
Terry Olsen, abogado de inmigración con más de 20 años de experiencia en Tennessee, expresó serias inquietudes sobre esta modalidad. “¿Cómo es posible que un agente, con apenas 40 horas de capacitación en línea ofrecidas por ICE, esté realmente preparado para detener y arrestar bajo la ley migratoria?”, cuestionó Olsen.
Según explicó, los agentes de ICE suelen contar con años de experiencia en la frontera y formación continua, algo que difícilmente se puede replicar a nivel local en tan poco tiempo. “Normalmente, los agentes federales están en la frontera por uno o dos años. También han trabajado como policías durante años. Tienen mucha más capacitación”, subrayó.
Olsen no solo critica el programa desde una perspectiva técnica, sino también personal. Compartió una experiencia vivida en una escuela de su hija: “Un oficial me detuvo porque dijeron que coincidía con el perfil de alguien que representaba una amenaza, pero no me explicaron por qué. Cuando se trata de personas que no son ciudadanas y que no tienen el debido proceso, los oficiales se preocupan aún menos por cómo las tratarán”.
El contexto estatal
Tennessee ya cuenta con una docena de condados que colaboran con ICE de alguna forma. Sin embargo, este es el primero en implementar el grupo de trabajo, lo que eleva la preocupación entre defensores de derechos civiles sobre el posible impacto en comunidades inmigrantes.
El gobernador Bill Lee ha mostrado su respaldo a estos acuerdos, ofreciendo incentivos y apoyo a las agencias que decidan colaborar con ICE. Mientras tanto, a nivel nacional, el programa 287(g) ha alcanzado cerca de 700 acuerdos con agencias policiales en distintos estados. En Florida, incluso se ha exigido su implementación en todas las fuerzas del orden.
El futuro de este tipo de colaboraciones en Tennessee dependerá, en gran medida, de la respuesta de la comunidad, la vigilancia ciudadana y la presión de grupos legales y de derechos humanos.
Pero por ahora, el condado de Putnam se convierte en el epicentro de una medida que, para algunos, fortalece la seguridad… y para otros, abre la puerta a la discriminación.
