Nashville, Tennessee — A partir del 1 de julio de 2025, entran en vigor 177 nuevas leyes estatales en Tennessee, marcando un cambio significativo en áreas clave como inmigración, justicia penal, salud pública, educación y seguridad infantil. Entre las nuevas disposiciones, destaca una legislación que penaliza severamente a quienes oculten o transporten a inmigrantes indocumentados, lo que ha generado preocupación entre organizaciones comunitarias y defensores de derechos humanos.
Nuevas medidas contra el tráfico de personas e inmigración irregular:
Una de las leyes más controvertidas es la SB0392, aprobada en enero durante una sesión especial de la Asamblea General. Esta norma redefine y amplía el alcance del delito de “tráfico de personas” en el estado, calificándolo como delito grave de Clase E, y establece sanciones tanto para individuos como para organizaciones incluidas iglesias y ONGs que participen directa o indirectamente en ocultar a inmigrantes sin autorización legal en el país.
La legislación considera “tráfico de personas” transportar o albergar a al menos diez adultos o cinco menores sin estatus migratorio legal, con fines de “ventaja comercial o beneficio económico privado”. Incluso, quienes “induzcan o animen” a estas personas a permanecer en Tennessee en contra de la ley federal también podrían enfrentar cargos.
Además, se crea un nuevo delito menor de Clase A para quienes oculten a cualquier persona sin estatus migratorio, con multas que alcanzan los $1,000 por cada inmigrante implicado.
El rol del fiscal general se amplía:
La nueva ley otorga poder adicional al fiscal general del estado para actuar en contra de organizaciones, empresas y entidades sin fines de lucro que considere involucradas en este tipo de actividades. El fiscal podrá solicitar a los tribunales desde órdenes de alejamiento hasta la disolución involuntaria de dichas organizaciones, así como la revocación de certificados y licencias esenciales para su operación.
Más allá de la inmigración: Cambios en educación, salud y seguridad infantil:
Este paquete legislativo también incluye la expansión del programa de vales escolares universales, que permitirá a más familias usar fondos públicos para educación privada. Otro conjunto de leyes se enfoca en reforzar la seguridad en internet para menores, estableciendo requisitos más estrictos para plataformas digitales y sanciones para quienes no cumplan con estándares de protección infantil.
En el ámbito de la salud, algunas de las nuevas normativas buscan limitar el acceso a tratamientos relacionados con la salud reproductiva femenina, lo cual ha sido duramente criticado por grupos de defensa de derechos de las mujeres.
Reacciones y preocupación en la comunidad:
Organizaciones locales han expresado su alarma ante lo que consideran un ataque directo a comunidades migrantes y una criminalización del acompañamiento humanitario. TIRRC advirtió sobre el peligro de leyes que, en sus palabras, “erosionan la confianza comunitaria” y “criminalizan a quienes simplemente prestan ayuda o acompañan a sus vecinos migrantes”.
Por su parte, legisladores republicanos han defendido la ley argumentando que busca “restaurar el orden y proteger los recursos del estado”.
Con este nuevo paquete, Tennessee se suma a una lista creciente de estados que adoptan medidas más restrictivas en materia migratoria, mientras aumenta la presión sobre organizaciones comunitarias que sirven como puente para familias vulnerables.
