TENNESSEE. Funcionarios estatales enfrentan una nueva demanda judicial que eleva a cinco el número de leyes aprobadas por la Asamblea General de Tennessee en 2026 que actualmente son objeto de impugnaciones legales.
La demanda más reciente fue presentada por la Asociación de Tecnología Financiera y cuestiona una nueva ley estatal que impondría una tarifa fija de $10 y un impuesto del 2% sobre las transferencias internacionales de dinero.
La medida forma parte del paquete legislativo denominado “Inmigración 2026”, impulsado por legisladores republicanos estatales. La ley busca aplicar cargos adicionales a las remesas enviadas al extranjero, una práctica común entre inmigrantes que apoyan económicamente a familiares en sus países de origen.
La demanda, presentada ante el Tribunal de Cancillería del Condado de Davidson, argumenta que la legislación discrimina un tipo específico de transacción comercial y viola la Cláusula de Comercio de la Constitución de Estados Unidos. La Asociación de Tecnología Financiera representa a más de dos docenas de compañías del sector, entre ellas Amazon, PayPal, SoFi y Stripe.
En los últimos años, Tennessee ha enfrentado un número creciente de demandas relacionadas con leyes aprobadas por la legislatura estatal. Al mismo tiempo, los legisladores han incrementado los recursos destinados a la Oficina del Fiscal General para defender al estado en los tribunales.
En 2023, el gobierno metropolitano de Nashville presentó varias demandas contra leyes que ampliaban la autoridad estatal sobre asuntos locales. La mayoría de esos casos fueron desestimados, incluyendo una impugnación relacionada con la composición de la junta directiva del aeropuerto de Nashville.
Este año, los legisladores republicanos aprobaron una nueva ley que otorga al estado mayor control sobre las juntas aeroportuarias de Tennessee. Como respuesta, la Junta del Aeropuerto Metropolitano de Nashville presentó esta semana una demanda ante un tribunal federal para impugnar la medida.
Entre las otras acciones legales presentadas en 2026 también figuran varias demandas contra el nuevo mapa congresional de Tennessee y los recursos legales interpuestos por las compañías CVS y Cigna contra una ley que restringe a ciertos administradores de beneficios farmacéuticos.
La impugnación contra el impuesto a las transferencias internacionales de dinero representa la segunda demanda presentada este año contra una de las nuevas leyes de inmigración aprobadas por el estado.
A principios de junio, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) y el Centro Nacional de Leyes de Inmigración presentaron una demanda federal contra una ley de Tennessee que convierte en delito la entrada o permanencia en el estado de inmigrantes indocumentados.
Los demandantes sostienen que la legislación viola la Cláusula de Supremacía de la Constitución de Estados Unidos al intentar aplicar normas migratorias que, según argumentan, corresponden exclusivamente al gobierno federal.
