En medio de un clima político cada vez más tenso en torno a la inmigración, la Cámara de Representantes de Tennessee dio un paso firme este jueves al aprobar un proyecto de ley que abre la puerta a sancionar a jueces que, según la propuesta, obstaculicen la aplicación de las leyes federales de inmigración.
La medida, identificada como HB1707/SB1952, fue impulsada por los republicanos Rick Scarbrough, de Oak Ridge, y Paul Rose, del condado de Shelby. Sin embargo, hay un punto clave que no pasa desapercibido: el proyecto no define con claridad qué acciones judiciales podrían considerarse como “obstrucción”.
La votación se resolvió con 71 votos a favor y 24 en contra, siguiendo estrictamente líneas partidistas.
Durante el debate en la Cámara, la representante demócrata Gloria Johnson, de Knoxville, cuestionó directamente la falta de ejemplos concretos sobre jueces que hayan interferido con la ley de inmigración. Su planteamiento fue claro: los jueces ya están sujetos a supervisión y pueden ser investigados por mala conducta a través de mecanismos existentes.
Scarbrough respondió sin señalar casos específicos.
“No puedo referirme a un caso en particular, pero me gustaría considerar que este es un proyecto de ley proactivo”, afirmó. Y agregó: “Nada resulta más perjudicial ni embarazoso para cualquier organismo que descubrir que no cuenta con una política para abordar una situación determinada… cuando no existen dichas políticas, la práctica se convierte en política”.
La propuesta establece que cualquier juez que “obstaculice las operaciones legítimas del Departamento de Seguridad Nacional o de autoridades federales de inmigración” podría ser remitido a la Junta de Conducta Judicial. De comprobarse la falta, las consecuencias podrían escalar hasta una posible destitución, conforme a la Constitución de Tennessee.
Este proyecto no llega solo. Forma parte de una ofensiva legislativa más amplia impulsada por legisladores republicanos en lo que han denominado su agenda de “inmigración 2026”. Ese mismo jueves, el Senado estatal también aprobó otra medida dirigida al sector del transporte comercial: penaliza a empresas que contraten conductores sin estatus migratorio legal y permite el arresto de operadores que no puedan demostrar su situación migratoria.
Mientras tanto, otras propuestas similares continúan avanzando en las últimas semanas de la sesión legislativa.
La pregunta queda en el aire: ¿se trata de una herramienta preventiva para reforzar la ley o de un mecanismo que podría presionar la independencia judicial? El debate apenas comienza, pero el impacto ya se siente en todo Tennessee.
