El fiscal de distrito del condado de Shelby, Steve Mulroy, reiteró su derecho a demandar al estado de Tennessee por dos leyes recientemente aprobadas que, según sostiene, interfieren con la independencia de su oficina y violan la Constitución estatal.
La respuesta de Mulroy fue presentada luego de que el fiscal general de Tennessee, Jonathan Skrmetti, solicitara al Tribunal de Equidad del Condado de Shelby la desestimación de la demanda.
“Este caso trata sobre la preservación de la independencia de una oficina que rinde cuentas a los votantes del condado de Shelby”, afirmó Mulroy en un comunicado. “Creemos que estas leyes son inconstitucionales y solicitamos a los tribunales que examinen el fondo del asunto. Los ciudadanos del condado de Shelby merecen que estas cuestiones sean analizadas de manera exhaustiva”.
El fiscal argumenta que tanto la legislación estatal como decisiones judiciales previas respaldan su facultad para presentar la demanda.
La disputa gira en torno a dos leyes aprobadas este año por la Legislatura de Tennessee, las cuales afectan directamente el manejo de los casos relacionados con el Grupo de Trabajo de Seguridad de Memphis, una coalición integrada por agencias policiales locales, estatales y federales creada bajo una iniciativa impulsada por el presidente Donald Trump y el gobernador Bill Lee.
Una de las medidas, denominada Ley de Responsabilidad del Grupo de Trabajo de Memphis, exige que la oficina del fiscal presente informes cada diez días detallando los casos desestimados o resueltos que hayan sido investigados por dicho grupo de trabajo.
Mulroy sostiene que esta exigencia representa una carga excesiva para su personal, especialmente porque, según afirma, el propio grupo de trabajo no proporciona información clave necesaria para elaborar esos reportes.
La segunda legislación, conocida como Ley de Auditoría y Fiscalía Provisional, otorga al fiscal general del estado la autoridad para revisar archivos internos de la Fiscalía del Condado de Shelby, compartir información con legisladores estatales y auditar las decisiones tomadas por los fiscales en casos vinculados al grupo de trabajo.
Además, la ley permite que el fiscal general solicite a la Corte Suprema de Tennessee el nombramiento de un fiscal de distrito provisional, no electo por los votantes, para procesar casos relacionados con el grupo de trabajo federal en el condado de Shelby.
El caso será analizado por un panel de tres jueces.
Mientras tanto, el presidente de la Cámara de Representantes de Tennessee, Cameron Sexton, criticó públicamente la demanda. En una publicación en la red social X, escribió: “Nada demuestra más transparencia que demandar para impedir la transparencia”.
Sexton y otros legisladores republicanos han acusado repetidamente a Mulroy, miembro del Partido Demócrata, de ser demasiado indulgente con la delincuencia.
Por su parte, Mulroy sostiene que las leyes fueron diseñadas específicamente para afectar a su oficina y argumenta que el condado de Shelby está siendo objeto de un trato discriminatorio que vulnera los principios de independencia procesal establecidos por la Constitución.
