Bajo gritos de protesta a las afueras del Capitolio, la Cámara de Representantes de Tennessee aprobó este lunes un paquete de tres proyectos de ley migratorios. Pero entre todas las propuestas, una en particular encendió el debate: la HB 0793, que impactaría directamente a miles de estudiantes en el sistema público.
Los líderes republicanos buscan convertir a Tennessee en el estado más estricto del país frente a la inmigración.
El ambiente dentro del hemiciclo fue tenso. Legisladores demócratas intentaron intervenir en contra de las medidas más controversiales, pero el debate fue interrumpido. Finalmente, los tres proyectos fueron aprobados siguiendo las líneas partidistas.
La HB 0793, patrocinada por el líder republicano William Lamberth, exigiría que estudiantes de primaria y secundaria presenten documentación que acredite su ciudadanía o estatus migratorio al momento de inscribirse en escuelas públicas.
Además, las instituciones educativas tendrían que recopilar esa información y reportarla anualmente al Departamento de Educación del estado.
No es un detalle menor.
Una versión anterior del proyecto iba más lejos: permitía a las escuelas cobrar matrícula a estudiantes indocumentados o expulsarlos si no podían pagar. Esa parte fue retirada al inicio de la sesión, tras generar fuerte rechazo.
Aun así, la preocupación persiste.
Durante el debate, la representante demócrata Gloria Johnson cuestionó el costo de implementar la medida.
“¿Por qué gastaríamos 55 millones de dólares cuando ya sabemos que todos los niños tienen derecho, según nuestra constitución, a asistir a la escuela?”, expresó.
Lamberth respondió con escepticismo.
“He oído que el 87% de las estadísticas se inventan sobre la marcha, incluyendo los 55 millones que acabas de mencionar”, dijo.
Aunque la HB 0793 ha captado la mayor atención, no llegó sola.
La HB 1704 tipificaría como delito la presencia de inmigrantes indocumentados con órdenes finales de deportación o antecedentes de expulsión del país.
Por su parte, la HB 1705 obligaría a agencias estatales y locales a verificar el estatus legal de sus empleados, bajo amenaza de perder financiamiento estatal. Esta última fue aprobada con 73 votos a favor y 21 en contra.
El futuro de la HB 0793 aún no está definido. El Senado ya aprobó una versión distinta del proyecto, lo que obliga ahora a ambas cámaras a conciliar diferencias antes de que pueda avanzar.
Mientras tanto, la discusión ya salió de las paredes del Capitolio.
Porque cuando una ley toca las aulas, también toca el corazón de una comunidad.
