Siete funcionarios electos del estado de Tennessee presentaron este viernes una demanda contra el gobernador Bill Lee, acusándolo de violar la Constitución estatal al desplegar la Guardia Nacional en la ciudad de Memphis por orden del presidente Donald Trump. La acción legal busca frenar lo que los demandantes califican como un “uso inconstitucional de la fuerza militar con fines de control civil”.
La demanda, presentada por el Tribunal de Cancillería del Condado de Davidson por Democracy Forward, National Immigration Law Center y Sherrard Roe Voigt & Harbison, PLC, sostiene que ni la Asamblea General de Tennessee ni las autoridades locales de Memphis o del condado de Shelby autorizaron el despliegue, como lo exige la ley estatal. De acuerdo con la Constitución de Tennessee, la Guardia Nacional sólo puede ser llamada en caso de rebelión o invasión, y únicamente cuando el legislativo declare que la seguridad pública lo requiere, condiciones que, según los demandantes, no existen actualmente en Memphis.
Los funcionarios que interpusieron la querella incluye al alcalde del condado de Shelby, Lee Harris, el concejal de Memphis, JB Smiley Jr., las comisionadas del condado, Henri E. Brooks y Erika Sugarmon, los representantes estatales G.A. Hardaway y Gabby Salinas, y el senador estatal Jeff Yarbro.
El conflicto surgió después de que el presidente Trump firmara el memorando “Restaurar la ley y el orden en Memphis”, que ordenó al gobernador Lee activar la Guardia Nacional bajo el Título 32 del Código de EE.UU. para “apoyar operaciones de seguridad pública”. Desde el 10 de octubre, tropas en uniforme militar comenzaron a patrullar zonas de Memphis, una medida que las autoridades locales calificaron como un acto de militarización de la ciudad.
“El gobernador no puede ignorar la Constitución para enviar tropas a nuestras comunidades”, declaró el alcalde Lee Harris.”No hay rebelión ni invasión. En lugar de restaurar el orden, esta acción erosiona la confianza pública y aumenta el temor”.
El concejal JB Smily Jr. afirmó que la decisión “no es liderazgo, es ilegal”, señalando que el despliegue busca intimidar a los residentes y usar a Memphis “como campo de entrenamiento político”. La representante estatal Gabby Salinas añadió que “nadie, ni siquiera el gobernador o el presidente, está por encima de la ley”, mientras que la comisionada Erika Sugarmon recalcó su “deber moral y cívico de alzar la voz” ante el uso de fuerzas militares contra civiles.
El documento legal argumenta que el gobernador Lee actuó de manera unilateral, sin el Consejo ni el consentimiento de la Asamblea General y que al hacerlo violó tanto la Constitución de Tennessee como los estatutos que regulan la actuación de la Guardia Nacional. Los demandantes también sostienen que esta operación desvía recursos estatales, interfiere con las funciones locales y genera un efecto negativo en la economía al crear un ambiente de temor e inestabilidad.
La demanda solicita una orden judicial inmediata para suspender el despliegue de tropas y una declaración del tribunal que lo declare ilegal.
