MASON, Tennessee — La tensión crece en Mason. La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) ha exigido la suspensión inmediata de todas las acciones relacionadas con la reapertura de una prisión cerrada que podría convertirse en un nuevo centro de detención para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
En una carta enviada a las autoridades municipales, la ACLU cuestiona la legalidad de la votación con la que el Concejo aprobó dos contratos: uno con la empresa privada CoreCivic operadora de prisiones con fines de lucro y otro con ICE. La propuesta contempla que la antigua cárcel sea reactivada para albergar a detenidos inmigrantes, generando, según la ACLU, hasta 30 millones de dólares en ganancias para la corporación.
Votación polémica y confusión en la sala:
La reunión municipal estuvo abarrotada. Decenas de personas llegaron para manifestarse, unas en contra del centro de detención, otras defendiendo el proyecto por los empleos que podría traer. Entre el murmullo y las intervenciones, incluso algunos funcionarios electos salieron sin la certeza de si el contrato había sido aprobado.
De acuerdo con la ACLU, siete concejales estuvieron presentes en la votación sobre el contrato con ICE. El resultado final: tres votos a favor, dos en contra y dos abstenciones. Bajo los estatutos de Mason, cualquier medida requiere la mayoría de los miembros presentes, lo que en este caso significaba cuatro votos afirmativos.
“Se trata simplemente de seguir las reglas: quienes estaban a favor del contrato con ICE necesitaban una mayoría de votos para ganar, y no la tuvieron”, declaró Stella Yarbrough, directora legal de la ACLU de Tennessee. “Los funcionarios no pueden ignorar sus propias leyes para impulsar un contrato perjudicial… Una abstención no es un voto afirmativo”.
Petición de suspensión inmediata:
La organización ha pedido al alcalde Noeman y a la Junta Municipal que reconozcan que la votación no fue “legalmente aprobada”, que detengan toda actividad relacionada con los contratos y que respondan por escrito en un plazo de siete días.
El futuro del centro de detención en Mason pende ahora de una disputa legal y política que enfrenta, por un lado, promesas de empleos y desarrollo económico, y por otro, denuncias de irregularidades y preocupaciones por el impacto en la comunidad inmigrante.
