La política migratoria vuelve a tensar su punto más sensible: los niños. Esta vez, bajo presión directa desde la Casa Blanca, la administración del presidente Donald Trump busca acelerar la deportación de menores no acompañados que permanecen bajo custodia del gobierno. La información, revelada por CNN este martes, dibuja un escenario que preocupa a abogados, defensores y, sobre todo, a quienes no tienen voz: los propios menores.
De acuerdo con funcionarios y expertos citados por la cadena, la instrucción es clara: procesar más rápido, decidir más rápido, deportar más rápido. En otras palabras, reducir el tiempo que estos niños algunos de apenas 3 o 4 años tienen para defender su derecho a permanecer en Estados Unidos.
El mecanismo es directo. Autoridades migratorias estarían presionando para adelantar audiencias en tribunales de inmigración, obligando a jueces a tomar decisiones en plazos más cortos. Pero en esa prisa, advierten organizaciones legales, se pierde algo esencial: el debido proceso.
“Muchos de estos niños enfrentan a un juez completamente solos”, denuncian abogados que trabajan con menores migrantes. Sin representación legal, sin entender el sistema, sin siquiera dominar el idioma en muchos casos. El resultado es casi predecible: deportaciones.
La preocupación no es nueva. El pasado 11 de febrero, un grupo de 11 senadores demócratas encendió las alarmas en una carta dirigida a altos funcionarios del gobierno, incluyendo el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). En el documento denunciaron un plan para “detener y expulsar a niños no acompañados” ignorando protecciones legales y constitucionales.
La petición fue clara: detener estas prácticas y desarrollar políticas que realmente protejan a los menores. Pero, según CNN, esa solicitud fue ignorada.
“Desde que asumió el cargo, la administración ha perseguido sistemáticamente a los menores migrantes para su deportación”, señalaron los senadores. Y recordaron un episodio que aún genera controversia: el intento del DHS de deportar en plena noche a un grupo de niños hacia Guatemala, sin garantías básicas de debido proceso.
Ese intento no prosperó. Una jueza federal intervino cuando los menores ya estaban en un avión, deteniendo la deportación y ordenando su permanencia en centros de acogida hasta una decisión final. Eran 10 niños, entre 10 y 16 años. Todos habían expresado miedo de regresar a su país.
Para ese momento, cerca de 2,000 menores en su mayoría guatemaltecos permanecían bajo custodia federal, con procesos migratorios aún abiertos.
En paralelo, el gobierno ha defendido su postura. En julio del año pasado, el DHS aseguró que estaba actuando para “rescatar” a miles de menores que, según la administración, habían sido entregados a patrocinadores no verificados durante el gobierno anterior. Incluso habló de redes de tráfico y explotación.
Sin embargo, no presentó evidencia concreta que respaldara esas afirmaciones.
Las cifras también cuentan otra parte de la historia. Durante la administración Biden se registraron 315,949 detenciones de menores no acompañados. En el primer gobierno de Trump, la cifra fue ligeramente mayor: 326,875. Números que reflejan la magnitud del fenómeno, más allá de los discursos.
Pero el debate de fondo va más allá de estadísticas. Tiene raíces profundas en el llamado Acuerdo Flores, una resolución judicial de 1997 que estableció estándares mínimos para el trato de menores migrantes. Su origen es una historia que aún duele.
Jenny Lisette Flores tenía 15 años cuando huyó de El Salvador en 1985. Buscaba reunirse con su familia en Estados Unidos. Fue detenida, esposada y sometida a condiciones que hoy serían inaceptables. Su caso desató una batalla legal que duró más de una década y terminó obligando al gobierno a cambiar sus políticas.
Desde entonces, ese acuerdo ha sido una línea de protección. Una barrera legal que ahora, según críticos, está siendo debilitada.
Hoy, muchos de los menores bajo custodia no tienen a dónde regresar. Sus familias están en Estados Unidos, pero viven en las sombras, con miedo de reclamarlos y exponerse a la deportación.
