Abogados de derechos civiles solicitaron a un juez federal que reabra la demanda que impugna la constitucionalidad de la nueva ley de Tennessee que convierte en delito estatal la permanencia de ciertos inmigrantes con órdenes finales de deportación.
La demanda fue presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y el Centro Nacional de Leyes de Inmigración (NILC), con el objetivo de bloquear la legislación antes de que entrara en vigor el pasado 1 de julio.
Sin embargo, el mes pasado el juez federal de distrito Eli Richardson desestimó la demanda colectiva sin pronunciarse sobre el fondo del caso. El magistrado determinó que dos de los demandantes originales, identificados bajo los seudónimos de “Lucy” y “Benjamin”, no tenían legitimación para demandar porque, según su interpretación, no estaban expuestos a ser arrestados bajo la nueva legislación. En su resolución, Richardson señaló que el caso parecía estar “más impulsado por los abogados que por los clientes”.
No obstante, los abogados presentaron esta semana una moción para que el juez revoque esa decisión, argumentando que ambos demandantes sí enfrentan un riesgo real de arresto y procesamiento. En los nuevos documentos judiciales explican que tanto “Lucy” como “Benjamin” cuentan con órdenes finales de deportación emitidas por jueces de inmigración que continúan vigentes.
“La revocación del fallo está justificada para evitar una injusticia manifiesta”, señalaron los abogados, quienes además solicitaron una resolución expedita para evitar un prolongado proceso de apelación.
La legislación establece que será un delito menor de Clase A que una persona inmigrante permanezca en Tennessee por más de 90 días después de haber recibido una orden definitiva de deportación.
Este delito puede ser castigado con hasta un año de cárcel y una multa máxima de 2,500 dólares.
Los abogados sostienen que las consecuencias para los inmigrantes van más allá de una sanción penal estatal, ya que las cárceles locales están obligadas a colaborar con las autoridades migratorias federales conforme a otra ley de Tennessee. En muchos casos, esto deriva en la transferencia de los detenidos a la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Además, varias agencias policiales del estado mantienen acuerdos de cooperación más amplios con la agencia federal.
Según los demandantes, cientos o incluso miles de personas no ciudadanas en Tennessee podrían quedar expuestas a arresto, detención y procesamiento bajo esta legislación.
Los abogados argumentan que la ley viola la Constitución al invadir competencias que corresponden exclusivamente al gobierno federal en materia de inmigración.
En respuesta a la nueva solicitud, el juez Eli Richardson, nombrado por el presidente Donald Trump en 2018, emitió una orden en la que pidió a los demandantes explicar por qué esperaron dos semanas después de la desestimación para solicitar una reapertura acelerada del caso.
Asimismo, el juez señaló que la demanda fue desestimada “sin perjuicio”, por lo que también solicitó que expliquen por qué decidieron pedir la reapertura del expediente en lugar de presentar una nueva demanda. El futuro de la impugnación ahora dependerá de la decisión que adopte el tribunal sobre esa solicitud.
