El Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) estaría negociando un acuerdo para permitir que agencias migratorias accedan a su base de datos, según reportes de The Washington Post, ABC News y The Wall Street Journal. De concretarse, esto significaría que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) podría obtener información fiscal de ciertos contribuyentes, incluidos sus nombres y direcciones, con el fin de localizar a personas que se sospecha están en el país sin autorización.
¿Qué información compartiría el IRS?
Generalmente, la información fiscal de los contribuyentes es confidencial y solo puede divulgarse con una orden judicial. De hecho, en febrero, el IRS rechazó una solicitud del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para compartir los nombres, direcciones y teléfonos de aproximadamente 700,000 contribuyentes, según un reporte de The New York Times.
Sin embargo, la ley permite que el IRS divulgue ciertos datos cuando son requeridos para la investigación y aplicación de leyes no relacionadas con impuestos. En 2023, el IRS entregó información en más de 30,000 casos bajo este criterio, según documentos revisados por The Wall Street Journal.
De acuerdo con The Washington Post, si el acuerdo se concreta, el IRS solo compartiría la dirección reportada de personas que ya tienen una orden de deportación. Además, la solicitud solo podría ser hecha por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, o por el director interino de ICE, Todd Lyons.
Las fuentes citadas por el diario señalan que, para acceder a esta información, las autoridades ya deberían contar con el nombre completo del contribuyente, la fecha exacta en que se emitió la orden de deportación y una dirección vinculada a esa persona. En teoría, el uso de estos datos se limitaría a confirmar direcciones para procesos migratorios ya en curso y no se emplearía para rastrear a otras personas sin antecedentes.
¿Cómo pagan impuestos los inmigrantes sin estatus legal?
Millones de inmigrantes indocumentados declaran impuestos utilizando el Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN, por sus siglas en inglés), según el más reciente informe anual del IRS.
Estudios académicos sugieren que casi la mitad de los aproximadamente 11 millones de inmigrantes indocumentados en EE.UU. pagan impuestos con este mecanismo. El ITIN fue creado en 1996 para permitir que personas sin Seguro Social, incluidos inmigrantes sin residencia legal, pudieran cumplir con sus obligaciones fiscales.
Sin embargo, no todas las personas con ITIN son indocumentadas. También lo usan residentes temporales, estudiantes e investigadores con visas especiales, así como cónyuges de ciudadanos estadounidenses que, pese a no tener la ciudadanía, declaran impuestos en conjunto.
En algunos estados, el ITIN permite tramitar licencias de conducir, y en procesos de regularización migratoria, puede servir como prueba del tiempo de residencia en EE.UU.
Impacto económico y posible efecto del acuerdo
Diversos análisis destacan la contribución de los inmigrantes al fisco. Un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso estima que, para 2034, los impuestos pagados por inmigrantes aportarán 1.2 billones de dólares, fortaleciendo el PIB y reduciendo el déficit fiscal.
Hasta ahora, no hay antecedentes de que información fiscal haya sido utilizada para la aplicación de leyes migratorias. Sin embargo, expertos advierten que, si el IRS comienza a compartir datos con ICE, muchos inmigrantes podrían dejar de pagar impuestos por temor a ser identificados y deportados.
“Esto va a desincentivar a la gente que declara impuestos, incluyendo a ciudadanos estadounidenses casados con alguien indocumentado”, advirtió Deborah Fleischaker, exagente de ICE, en declaraciones a The Wall Street Journal.
¿Se aplicará este acuerdo?
Aún no está claro si el acuerdo será implementado. Grupos defensores de la privacidad han iniciado acciones legales para bloquear la posibilidad de que el IRS entregue información de contribuyentes a ICE.
Este sábado, la organización Public Citizen presentó una demanda en representación de dos grupos que defienden los derechos de los trabajadores inmigrantes: Centro de Trabajadores Unidos e Immigrant Solidarity DuPage. En la querella, Public Citizen solicitó una orden judicial para impedir la divulgación de datos fiscales, argumentando que podría generar “pérdidas irreparables” para los afectados.
“Los deseos del Gobierno por acelerar su agenda de deportaciones no son justificación suficiente para tirar por la borda décadas de protecciones establecidas para los contribuyentes”, señala la demanda. “Si este acuerdo realmente está siendo negociado de buena fe y con un supuesto aval legal, no habría necesidad de gestionarlo con tanto secretismo”.
Por ahora, el IRS no ha confirmado ni desmentido oficialmente las negociaciones. Mientras tanto, la incertidumbre crece entre los inmigrantes que, a pesar de no tener documentos, han cumplido con sus obligaciones fiscales durante años.
