El Gobierno de Trump anunció este miércoles la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) que desde 2021 ampara a más de 260,000 inmigrantes venezolanos en Estados Unidos. La medida dejará sin protección a miles de familias a partir del próximo 10 de septiembre, fecha en que expira el programa.
La Administración explicó que la decisión será efectiva 60 días después de ser publicada en el Registro Federal, aunque no ofreció un calendario exacto. “Mantener o ampliar el TPS para los ciudadanos venezolanos socava directamente los esfuerzos de la Administración Trump por asegurar nuestra frontera sur”, señaló el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) en un comunicado.
Una propuesta polémica: “autodeportación”
Junto con la cancelación del programa, el Gobierno pidió a los beneficiarios que se autodeporten. A cambio, ofreció cubrir el costo del boleto aéreo, entregar un bono de 1,000 dólares y “posibles oportunidades futuras de inmigración legal”. Sin embargo, expertos en leyes migratorias advierten que no hay garantías de que esa promesa se cumpla.
La medida llega en un contexto de incertidumbre legal. Apenas el viernes pasado, una corte federal de apelaciones bloqueó los planes de la Administración de terminar protecciones para casi 600,000 venezolanos, entre ellos los amparados bajo dos programas distintos de TPS. Uno de esos programas ya expiró en abril, afectando a 350,000 personas, y el otro concluye la próxima semana.
Una ley diseñada para emergencias
El TPS fue creado en 1990 por el Congreso de Estados Unidos como una medida humanitaria para otorgar estatus legal temporal a personas que no podían regresar a sus países debido a conflictos armados, desastres naturales u otras condiciones extraordinarias. Venezuela fue incluido en 2021, durante la Administración Biden, en respuesta a la crisis política y económica que afecta al país.
No obstante, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, defendió la decisión de poner fin a la protección. Aseguró que las condiciones en Venezuela y Haití han mejorado, y que mantener el programa “no responde al interés nacional” debido a que fue concebido como una medida temporal.
Batalla en los tribunales
El futuro del TPS ahora se juega en las cortes. Un panel del Noveno Circuito determinó que los demandantes probablemente tienen razón al afirmar que el Departamento de Seguridad Nacional no tiene autoridad para anular una extensión previa del programa.
El juez Edward Chen, de San Francisco, ya había señalado en marzo que el Gobierno posiblemente excedió su autoridad y actuó motivado por “animosidad racial”. Aunque Chen ordenó congelar las terminaciones, la Corte Suprema revocó su decisión sin explicación, un recurso común en apelaciones de emergencia.
Un futuro incierto para miles de familias
Mientras el Gobierno de Trump insiste en que el TPS dejó de ser necesario, miles de venezolanos enfrentan la angustia de tener que abandonar el país que los acogió y al que han contribuido durante años. La oferta de “autodeportación” suena, para muchos, más a un desalojo disfrazado que a una salida digna.
La comunidad inmigrante y sus defensores esperan que la justicia frene lo que consideran una medida cruel y apresurada. Por ahora, la incertidumbre es lo único seguro.
