El expresidente Donald Trump podría invocar en los próximos días una amplia autoridad de tiempos de guerra con el objetivo de acelerar las deportaciones masivas, según informaron cuatro fuentes familiarizadas con las discusiones dentro de su equipo.
Se trata de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una legislación poco conocida que otorga al presidente facultades extraordinarias para identificar y expulsar a inmigrantes indocumentados en tiempos de guerra. Sin embargo, expertos legales advierten que su aplicación en la actualidad enfrentaría una feroz batalla en los tribunales.
Un debate en el Gobierno de Trump
El posible uso de esta autoridad ha sido ampliamente debatido dentro de varias agencias gubernamentales mientras funcionarios cercanos a Trump preparan la estrategia para implementarla.
El objetivo principal de la medida sería el Tren de Aragua (TDA), una organización criminal venezolana con presencia en Estados Unidos y otros países, que recientemente fue designada como organización terrorista extranjera. Trump ha presionado para que esta designación sirva como justificación para aplicar la ley y proceder con deportaciones inmediatas.
El anuncio oficial podría llegar tan pronto como este viernes, aunque las autoridades aún están definiendo los detalles finales. Si se concreta, la medida abriría el camino para expulsiones aceleradas de ciertos inmigrantes, según fuentes cercanas al proceso.
Un uso inédito en tiempos de paz
La Ley de Enemigos Extranjeros ha sido utilizada solo tres veces en la historia de EE.UU., siempre en tiempos de guerra. Durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, permitió la detención y expulsión de inmigrantes alemanes, austrohúngaros, italianos y japoneses. También jugó un papel clave en la infame política de internamiento de japoneses en EE.UU. durante la Segunda Guerra Mundial, según el Centro Brennan de Justicia.
No obstante, la ley fue diseñada para ser invocada únicamente si EE.UU. está en guerra con otro país o enfrenta una amenaza directa de invasión. Por ello, varios analistas legales cuestionan la posibilidad de que Trump la aplique, ya que Estados Unidos no está bajo ataque de un gobierno extranjero.
Si bien la administración podría argumentar que el crimen organizado transnacional representa una amenaza, los tribunales tendrían la última palabra sobre la legalidad de esta acción sin precedentes en tiempos de paz.
