La administración del presidente Donald Trump busca cancelar aproximadamente $810 millones en fondos que ya habían sido aprobados por el Congreso, mediante un mecanismo presupuestario poco utilizado que vuelve a abrir el debate sobre los límites del poder presidencial para retener dinero autorizado por los legisladores.
Una parte importante de los recursos está relacionada con programas que ofrecen servicios a refugiados, solicitantes de asilo, menores no acompañados y otros no ciudadanos.
La Casa Blanca anunció la medida el viernes 25 de septiembre y la presentó como parte de los esfuerzos de Trump para eliminar gastos que considera innecesarios o perjudiciales para los contribuyentes.
De los $810 millones involucrados, aproximadamente $567 millones corresponden al Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS).
Según la Casa Blanca, esos recursos habían financiado programas y organizaciones que proporcionan servicios a refugiados, solicitantes de asilo y otros no ciudadanos.
La administración argumenta que la reducción de los cruces fronterizos hace que parte de esos fondos ya no sean necesarios.
Sin embargo, esta caracterización corresponde a la posición de la administración Trump. Los programas afectados abarcan distintos tipos de servicios y beneficiarios, por lo que el impacto concreto dependerá de cada programa y de cómo se ejecuten los recortes.
La Casa Blanca también cuestionó públicamente a algunas organizaciones que habían recibido estos recursos y criticó actividades que calificó como relacionadas con políticas de inmigración, diversidad e inclusión.
Los recortes no se limitan a programas relacionados con inmigración.
Entre los fondos incluidos en la medida aparecen:
- $25 millones de programas del Departamento de Educación destinados a estudiantes migrantes.
- $15 millones del Servicio de Relaciones Comunitarias del Departamento de Justicia.
- $56 millones relacionados con programas del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano.
- $10 millones destinados a programas de desarrollo empresarial para propietarios de negocios pertenecientes a minorías.
- $70 millones en programas de educación internacional.
- $28 millones en subvenciones de investigación del HHS.
- $9 millones relacionados con alivio de deuda para países extranjeros.
La Casa Blanca ha descrito varios de estos programas como gasto “desperdiciado” o “perjudicial”. Esas son valoraciones de la administración y no una conclusión independiente sobre cada programa.
La Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO), organismo independiente que trabaja para el Congreso, mantiene una posición clara sobre las llamadas rescisiones de bolsillo.
Según la GAO, el presidente puede solicitar al Congreso que rescinda fondos, pero no puede retenerlos deliberadamente hasta que expiren sin que el Congreso haya aprobado su cancelación.
La agencia sostiene que una práctica de ese tipo permitiría al Poder Ejecutivo modificar, en la práctica, el período durante el cual el dinero aprobado por el Congreso puede utilizarse.
La GAO considera que ese procedimiento no está autorizado por la Ley de Control de la Retención de Fondos.
La administración Trump sostiene una interpretación diferente y afirma que la herramienta utilizada tiene fundamento legal.
Por esa razón, la legalidad definitiva de la medida podría terminar nuevamente en los tribunales.
La decisión provocó críticas de legisladores de ambos partidos.
La senadora republicana Susan Collins, presidenta del Comité de Asignaciones del Senado, cuestionó que la administración haya presentado los recortes sin consultar previamente con el Congreso.
Collins sostuvo que la medida representa un intento de afectar la autoridad constitucional del Congreso sobre las asignaciones presupuestarias.
La senadora demócrata Patty Murray, también integrante del Comité de Asignaciones, cuestionó igualmente la decisión y defendió la autoridad del Congreso para determinar cómo deben utilizarse los fondos públicos aprobados mediante legislación.
La oposición, por tanto, no se limita a un solo partido: el mecanismo utilizado por la administración ha generado cuestionamientos tanto entre demócratas como entre algunos republicanos.
No es la primera vez que la administración Trump utiliza esta estrategia.
En 2025, Trump intentó retener aproximadamente $4,900 millones en ayuda exterior aprobada por el Congreso, utilizando también una rescisión de bolsillo.
La Corte Suprema permitió que aquella acción continuara mientras avanzaba el litigio, pero su actuación estuvo vinculada al contexto particular de la política exterior y no estableció una autorización general para que un presidente pueda utilizar rescisiones de bolsillo en cualquier circunstancia.
La diferencia es relevante porque la medida anunciada ahora se concentra principalmente en programas internos del gobierno federal, incluidos servicios relacionados con inmigración, educación, vivienda y desarrollo empresarial.
La disputa entra en una etapa en la que el Congreso y posiblemente los tribunales tendrán que determinar hasta dónde puede llegar el Poder Ejecutivo para retener fondos que ya fueron aprobados mediante legislación.
Para las organizaciones que trabajan con inmigrantes, refugiados y menores no acompañados, el resultado podría determinar la continuidad de determinados programas y servicios financiados con recursos federales.
Por ahora, la administración Trump mantiene que está utilizando una herramienta legal para eliminar gastos que considera innecesarios. La GAO, por su parte, sostiene que una rescisión de bolsillo no está permitida cuando tiene como efecto que los fondos expiren sin que el Congreso haya aprobado su cancelación.
El siguiente paso será observar si el Congreso logra intervenir antes del cierre del año fiscal y, en caso de que la disputa avance, qué determinación toman los tribunales.
