La administración Trump se prepara para dar un paso más en su ofensiva migratoria. Esta vez, el objetivo no es solo quién entra al país, sino quién puede quedarse como ciudadano estadounidense.
Una guía interna obtenida por The New York Times revela que el gobierno planea intensificar de forma agresiva los procesos para despojar de la ciudadanía a estadounidenses naturalizados. El documento, emitido esta semana a oficinas locales del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), ordena remitir entre 100 y 200 casos de desnaturalización al mes durante el año fiscal 2026.
De cumplirse esa meta, se trataría de un aumento sin precedentes en la era moderna. Para ponerlo en contexto: entre 2017 y lo que va de este año, el Departamento de Justicia ha presentado poco más de 120 casos en total.
La ley federal es clara: una persona solo puede perder la ciudadanía si se demuestra fraude durante el proceso de naturalización u otras circunstancias muy específicas. Sin embargo, defensores de derechos civiles advierten que la administración Trump ha mostrado disposición a usar todas las herramientas posibles para atacar a inmigrantes, incluso a quienes están legalmente en el país.
El temor, dicen, es que esta política termine atrapando a personas que cometieron errores menores o involuntarios en sus trámites, sembrando miedo entre millones de ciudadanos naturalizados que cumplen la ley.
Estas directrices llegan en un momento en que Trump ha endurecido su discurso y sus acciones migratorias: bloqueo al asilo en la frontera sur, suspensión de solicitudes dentro del país y restricciones de viaje a personas provenientes principalmente de África y Medio Oriente. El mensaje oficial es el mismo: “seguridad” y “defensa de los valores estadounidenses”.
“No es ningún secreto que la lucha contra el fraude incluye priorizar a quienes obtuvieron la ciudadanía ilegalmente, especialmente durante la administración anterior”, declaró Matthew J. Tragesser, portavoz del USCIS.
“Iniciaremos procedimientos de desnaturalización para quienes mintieron o tergiversaron su identidad. Buscamos restaurar la integridad del sistema migratorio”.
Pero dentro y fuera de la agencia hay preocupación. Exfuncionarios del USCIS advierten que imponer cuotas mensuales politiza un proceso que históricamente ha sido raro y cuidadosamente aplicado.
“Convertir la desnaturalización en una meta numérica transforma una herramienta excepcional en un instrumento contundente”, señaló Sarah Pierce, exfuncionaria del USCIS. “Eso alimenta miedo e incertidumbre innecesarios para millones de estadounidenses”.
Grupos que promueven leyes migratorias más estrictas respaldan la medida. Mark Krikorian, director del Centro de Estudios de Inmigración, afirmó que el país aún está “muy lejos” de desnaturalizar a suficientes personas que obtuvieron la ciudadanía de forma indebida.
Hoy, según la Oficina del Censo, unos 26 millones de estadounidenses son naturalizados. Solo el año pasado, más de 800,000 personas juraron lealtad al país, principalmente originarias de México, India, Filipinas, República Dominicana y Vietnam.
Las estadísticas muestran que, en la mayoría de los casos, quienes pierden la ciudadanía regresan a su estatus de residentes permanentes legales.
El USCIS no puede retirar la ciudadanía por sí solo. Los casos deben ser remitidos al Departamento de Justicia, que tiene que acudir a un tribunal federal. El proceso puede ser civil o penal y exige pruebas claras de fraude u ocultamiento de información relevante.
Por eso, desde la década de 1990, las desnaturalizaciones han sido poco frecuentes. Un análisis de Bloomberg Law indica que el pico se alcanzó en 2018, con 90 casos. Ese mismo año, la Corte Suprema estableció que el gobierno no solo debe probar que alguien mintió, sino que esa mentira influyó directamente en la concesión de la ciudadanía.
Aun así, el Departamento de Justicia ya dejó clara su intención. En un memorando de junio, anunció que priorizará estos casos, incluyendo a personas vinculadas a pandillas, cárteles, fraude financiero o delitos violentos.
Este año se han presentado 13 casos de desnaturalización y el gobierno ha ganado ocho. Durante la primera administración Trump se iniciaron más de 100 casos, frente a 24 durante el gobierno de Biden.
Para expertos en derechos civiles, la preocupación va más allá de los números.
“Cuando se imponen objetivos arbitrarios, personas que no deberían ser afectadas terminan siéndolo”, advirtió Margy O’Herron, del Centro Brennan. “Esto podría generar miedo y terror entre ciudadanos naturalizados”.
La ciudadanía, ha dicho la Corte Suprema, es uno de los derechos más valiosos en una democracia. Hoy, para millones de estadounidenses nacidos fuera del país, ese derecho vuelve a sentirse frágil.
