Un tribunal federal de apelaciones dictaminó este jueves que el gobierno de Estados Unidos no puede negar automáticamente a los inmigrantes detenidos dentro del país la oportunidad de solicitar su libertad bajo fianza mientras enfrentan sus procesos migratorios.
La decisión fue emitida por el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos, con sede en San Francisco, mediante una votación de 2-1. El fallo representa un revés para la política de detención obligatoria impulsada por la administración del presidente Donald Trump como parte de su estrategia de deportaciones masivas.
Llamó la atención que uno de los jueces que votó a favor de la decisión fue Daniel Bress, nombrado por el propio presidente Trump. Bress se unió a la jueza M. Margaret McKeown, designada por el expresidente Bill Clinton, para conformar la mayoría. En contraste, el juez Carlos Bea, nombrado por el expresidente George W. Bush, emitió un voto disidente.
En su opinión, el juez Bress señaló que, aunque la ley de inmigración contiene disposiciones complejas, la interpretación histórica del estatuto es la más consistente con el derecho vigente. Con ello, rechazó el argumento de la administración Trump de que las reformas migratorias aprobadas por el Congreso en 1996 autorizan la detención obligatoria de inmigrantes arrestados en el interior del país sin derecho a solicitar fianza.
Hasta hace poco, la práctica habitual en administraciones anteriores permitía que la mayoría de los inmigrantes sin antecedentes penales detenidos dentro de Estados Unidos solicitaran una audiencia de fianza mientras sus casos permanecían pendientes ante un juez de inmigración. La detención obligatoria se aplicaba principalmente a personas arrestadas en la frontera.
Sin embargo, en julio del año pasado, las autoridades migratorias ampliaron esa política para incluir a inmigrantes detenidos en el interior del país, una medida que dio origen a múltiples demandas federales. En varios casos, jueces federales ordenaron la celebración de audiencias de fianza y criticaron al gobierno por no cumplir oportunamente esas órdenes.
Tras conocerse el fallo, el Departamento de Seguridad Nacional expresó su desacuerdo con la decisión del Noveno Circuito y afirmó que continuará defendiendo su interpretación de la ley.
“El presidente Donald Trump y el secretario Mullin están aplicando la ley tal como fue redactada originalmente para mantener a Estados Unidos seguro”, señaló la agencia en un comunicado.
La decisión del Noveno Circuito también profundiza la división entre los tribunales federales del país. Mientras cuatro tribunales de apelaciones han rechazado la interpretación del gobierno sobre la detención obligatoria, el Quinto y el Octavo Circuito han respaldado la postura de la administración.
Debido a estas diferencias entre los tribunales federales, aumenta la posibilidad de que la Corte Suprema de Estados Unidos intervenga para resolver definitivamente el alcance de la ley. De hecho, el gobierno federal ya solicitó el mes pasado que el máximo tribunal del país revise el caso.
