Un juez federal de Estados Unidos determinó este lunes que la tarifa de 100,000 dólares impuesta por el presidente Donald Trump para nuevas visas H-1B es ilegal, al concluir que se trata de un impuesto que nunca fue autorizado por el Congreso.
La decisión fue emitida por el juez federal de distrito Leo Sorokin, en Boston, como resultado de una demanda presentada por 20 fiscales generales estatales demócratas. La acción legal cuestionaba una medida anunciada por Trump en septiembre pasado que incrementó drásticamente el costo para contratar trabajadores extranjeros altamente calificados mediante el programa H-1B.
Antes de la proclamación presidencial, los empleadores pagaban entre 2,000 y 5,000 dólares en tarifas relacionadas con estas visas, dependiendo de diversos factores. Sin embargo, la nueva disposición elevó el costo a 100,000 dólares por solicitud.
El programa H-1B permite la emisión de 65,000 visas anuales para trabajadores especializados, además de otras 20,000 destinadas a personas con títulos de posgrado. Estas visas tienen una vigencia de entre tres y seis años.
Documentos judiciales indican que el aumento en las tarifas provocó una fuerte disminución en las solicitudes. De acuerdo con información presentada por la administración federal en marzo, hasta el 15 de febrero solo se habían recibido 85 pagos correspondientes a la nueva tarifa de 100,000 dólares.
La administración Trump sostuvo ante la corte que el cobro era una sanción económica autorizada por la legislación federal de inmigración y que el presidente tenía facultades para imponerla con el objetivo de restringir la entrada de ciertos trabajadores extranjeros.
No obstante, Sorokin rechazó ese argumento y concluyó que la medida funciona como un impuesto y no como una sanción.
“En este caso, la naturaleza y la aplicación del pago de 100,000 dólares revelan que se trata de un impuesto, independientemente de cómo se denomine dicho pago”, escribió el juez en su resolución.
Sorokin, quien fue nombrado por el expresidente Barack Obama, señaló que el Poder Ejecutivo no cuenta con autorización del Congreso para imponer este tipo de gravámenes.
Hasta el momento, la Casa Blanca no ha emitido comentarios sobre la decisión judicial.
