El representante Jerrold Nadler (Nueva York), presidente del Comité del Senado, involucrado en la elaboración de una propuesta migratoria en el marco del proceso de Reconciliación, afirmó que en el nuevo plan de $1.7 billones de dólares se considera modificar la Ley del Registro, para otorgar la ‘green card’ a inmigrantes indocumentados con más de 11 años de vivir en Estados Unidos.
Su revelación ocurre luego de que el Gobierno del presidente Joe Biden diera a conocer el marco o ‘framework’ sobre el nuevo paquete económico, el cual ha generado más dudas que certezas sobre asuntos migratorios, pues contempla una inversión de $100,000 millones de dólares, pero no es preciso el “en qué”.
Lo anterior a diferencia de la primera propuesta, donde se mencionó crear un proyecto para otorgar la ‘green card’ a indocumentados.
Las disposiciones de inmigración en el marco Build Back Better (Reconstruir) incluyen adelantar la fecha del registro, una medida promovida por última vez por el presidente Ronald Reagan”, afirmó Nadler. “(Eso será) para permitir que aquellos que han vivido y trabajado al servicio de nuestras comunidades durante más de 11 años tengan la oportunidad de solicitar la Residencia Permanente”.
La información de Nadler ha causado polémica, pues una fuente del Senado –involucrada en la negociación con la parlamentaria Elizabeth MacDonough sobre asuntos migratorios– indicó que el plan de la Ley del Registro no se había descartado del todo, sino que se había mantenido como “en reserva”, en tanto MacDonough tomaba una decisión sobre el perdón a la deportación para indocumentados y la Autorización de Empleo por cinco años con opción a renovación.
“Ya sabíamos que va a estar en el texto de la Cámara de Representantes, pero como un ‘placeholder’”, dijo la fuente demócrata del Senado.
Se agregó que el ‘placeholder’ es para asegurar que una posible reforma migratoria se mantuviera en la elaboración del proyecto final, pero no está decidido del todo.
El senador Nadler, sin embargo, dijo que la propuesta de los demócratas en la Cámara también es otorgar financiación para visas y reducir la asignación de ‘green cards’.
“La financiación adicional para restaurar la disponibilidad de visas de inmigrante y reducir el atraso de la tarjeta verde acelerará la capacidad de los inmigrantes familiares para contribuir a sus comunidades y garantizará que las empresas estadounidenses estén mejor posicionadas”, adelantó.
Una ruta complicada
Este jueves, la Administración Biden dio a conocer el marco con el que congresistas desarrollarán las reformas para integrar el proyecto de ley presupuestal, el cual será discutido y aprobado bajo el proceso de Reconciliación.
El documento especifica $100,000 millones de dólares para asuntos migratorios, pero la redacción es somera.
“El marco incluye una inversión de $100,000 millones para reformar nuestro sistema de inmigración roto, de acuerdo con las reglas de reconciliación del Senado”, apunta. “Así como para reducir los retrasos (en procesos), expandir la representación legal y hacer que el sistema de asilo y el procesamiento fronterizo sean más eficientes y humanos”.
También hay confusión porque la tabla de las inversiones –donde se enlistas ayudas a niños, familias, fondos ambientales, etcétera– los fondos para inmigración quedaron por separado, como si pudieran ser descartados de la agenda Build Back Better (Reconstruir Mejor).
Fuentes del Senado confirmaron que esta semana podría haber avance sobre el llamado plan C, ya que la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) debería entregar su análisis sobre el impacto fiscal para proteger a los inmigrantes indocumentados de la deportación y otorgarles del Autorización de Empleo por diez años en dos periodos.
¿Celebración adelantada?
Organizaciones civiles como CHIRLA y Families Belong Together celebran la integración de un plan migratorio, pero la segunda fue más precavida.
“Después de más de 35 años esperando que este país diga “SÍ “a los inmigrantes, la inclusión de un camino hacia la ciudadanía que comienza con tarjetas verdes”, dijo Ángelica Salas, directora ejecutiva de CHIRLA.
En cambio, Jess Morales Rocketto, cofundadora de Families Belong Together, destacó la inversión de $100,000 millones de dólares, pero no habló de un camino a la ciudadanía, sino en mejoras sobre asilo, asistencia legal para ayudar a mejorar el sistema de inmigración.
Con información de: eldiariony
