En un nuevo frente legal contra las políticas migratorias del expresidente Donald Trump, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), junto a diversas organizaciones sociales y legales, presentó una demanda para anular una política federal que elimina el derecho a solicitar fianza a inmigrantes detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
“La Constitución garantiza a todas las personas dentro de las fronteras de Estados Unidos los derechos a la igual protección y al debido proceso de la ley”, afirmó Michael Tan, subdirector del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU, en un comunicado que acompañó la presentación judicial.
La demanda, presentada este martes, busca frenar una medida que, de mantenerse, permitiría que miles de personas permanezcan detenidas indefinidamente, sin la posibilidad de solicitar libertad bajo fianza, mientras sus casos migratorios avanzan lentamente en tribunales. Algunos de estos procesos pueden tardar meses, incluso años.
Los demandantes están representados por la ACLU nacional, la ACLU del Sur de California, el Proyecto de Derechos del Inmigrante del Noroeste (NWIRP, por sus siglas en inglés), y los abogados especializados en inmigración Niels Frenzen y Jean Reisz.
Un ataque directo al debido proceso:
“La administración Trump busca reescribir la protección constitucional, negando a millones de inmigrantes en centros de detención la capacidad de solicitar libertad bajo fianza. Todo por medio de un memorándum, sin justificación alguna”, añadió Tan.
La demanda también pretende representar a todos los individuos afectados por esta política a nivel nacional, en particular a aquellos detenidos en el centro de detención de Adelanto, California, donde ya se han reportado múltiples casos de negación de audiencias de fianza.
Impacto en Puerto Rico:
Desde Puerto Rico, donde más de 800 inmigrantes han sido detenidos por ICE en los últimos meses, la directora ejecutiva de ACLU en la isla, Annette Martínez, enfatizó el efecto devastador que esta política ha tenido sobre las familias migrantes.
“Ya ha habido casos de negación de fianza a detenidos por el ICE”, advirtió Martínez, al tiempo que destacó la falta de transparencia y la preocupación por las condiciones de detención.
Frente a esta situación, organizaciones como Ayuda Social Puerto Rico, Abogados de Inmigración de Puerto Rico y el Colegio de Abogadas y Abogados de Puerto Rico han unido esfuerzos para ofrecer asesoría legal gratuita a los afectados por redadas recientes, muchas de ellas intensificadas desde que Trump retomó su candidatura presidencial y volvió a agitar el debate migratorio.
Derechos constitucionales para todos:
En el documento legal, los defensores recalcaron que la Cláusula del Debido Proceso se aplica a todas las personas dentro del país, sin importar su estatus migratorio. “Los derechos constitucionales no terminan en la frontera ni dependen de un estatus legal”, señalaron.
Mientras la batalla se libra en los tribunales, miles de familias inmigrantes siguen a la espera de justicia y de un sistema que no les cierre la puerta antes siquiera de poder hablar.
