El gobierno de México anunció que presentó denuncias ante fiscalías estatales de Estados Unidos para que se investigue la muerte de 17 ciudadanos mexicanos fallecidos mientras estaban bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) o durante operativos de esa agencia.
La decisión se dio a conocer una semana después de la muerte de Lorenzo Salgado Araujo, un inmigrante mexicano que falleció tras recibir disparos de un agente de ICE en Houston. De acuerdo con las autoridades mexicanas, desde el inicio del segundo mandato del presidente Donald Trump han muerto 17 migrantes mexicanos relacionados con acciones del ICE: 14 mientras permanecían bajo custodia de la agencia y tres durante operativos migratorios.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que la embajada de México en Washington y los consulados mexicanos en Estados Unidos presentaron las denuncias correspondientes ante las fiscalías estatales competentes. Además, adelantó que también presentará una denuncia ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Como parte de la estrategia, el gobierno mexicano comenzó a enviar escritos a los centros de detención donde han fallecido ciudadanos mexicanos para exigir que cesen las presuntas omisiones que, según sostiene, contribuyeron a estas muertes. Entre ellas mencionó la falta de acceso oportuno a atención médica y la aplicación de políticas que considera incompatibles con los estándares médicos y penitenciarios internacionales.
El primer centro de detención que recibió esta notificación fue el de Adelanto, California, donde han fallecido cuatro migrantes mexicanos. La Cancillería explicó que estos escritos representan el primer paso para una eventual presentación de demandas civiles.
La semana pasada, el canciller Roberto Velasco señaló que México acudiría directamente a las autoridades estadounidenses para solicitar investigaciones penales sobre estos casos. También indicó que el gobierno mexicano analiza acciones civiles contra las empresas privadas que operan centros de detención migratoria, con el objetivo de que cesen las presuntas violaciones a los derechos humanos.
En el caso de Lorenzo Salgado Araujo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que supervisa al ICE, informó que el migrante, de 52 años, embistió un vehículo de la agencia y que un agente federal abrió fuego en defensa propia.
Sin embargo, familiares del fallecido sostienen que Salgado Araujo no tenía antecedentes penales y llevaba 35 años viviendo en Estados Unidos. Según su versión, fue baleado mientras transportaba a su cuadrilla de trabajadores de construcción hacia una obra en Houston.
El caso provocó protestas en Houston y llamados de legisladores demócratas y de la familia del migrante para que se realice una investigación independiente.
Además de las acciones legales, la Cancillería informó que Roberto Velasco envió un escrito al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, solicitando que se recabe información de las autoridades estadounidenses sobre las muertes de migrantes mexicanos bajo custodia del ICE y que se analice si estos casos son compatibles con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
El funcionario también pidió que la ONU emita las recomendaciones correspondientes y que los casos sean analizados mediante los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos.
