En una sesión la semana pasada, la Cámara de Representantes dio luz verde a la legislación H.R. 6976, presentada por legisladores republicanos, con el objetivo de agilizar el proceso de deportación para cientos, potencialmente miles, de extranjeros, ya sea con estatus legal o indocumentados, que hayan sido condenados por conducir bajo la influencia de alcohol o drogas (DUI). La propuesta, respaldada mayoritariamente por la bancada republicana, ahora se encuentra en manos del Senado para su debate y votación.
El proyecto de ley, denominado “Ley para proteger a nuestras comunidades contra los DUI”, modifica la sección 212 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), estableciendo que cualquier extranjero condenado por DUI, según la jurisdicción donde ocurrió la condena, será considerado inadmisible y deportable.
La medida busca eliminar la discrecionalidad actualmente utilizada por agentes federales de inmigración y jueces en casos de múltiples cargos por DUI.
Expertos legales subrayan la gravedad del DUI en Estados Unidos, considerándolo un “pecado capital” para los inmigrantes, y destacan que, aunque actualmente dos o más cargos por DUI pueden abrir la puerta a la deportación, la aplicación es discrecional. El proyecto de ley, de ser aprobado por el Senado y firmado por el presidente Biden, eliminará esta discrecionalidad, convirtiendo la deportación en obligatoria para quienes hayan sido condenados por DUI.
Alex Gálvez, abogado de inmigración en Los Ángeles, advierte que el proyecto de ley cambiará radicalmente la situación actual, donde la discrecionalidad se utiliza para negar beneficios, como la residencia, basándose en la gravedad de la falta y sus consecuencias. La nueva legislación, de ser promulgada, impedirá la posibilidad de beneficios incluso en casos de rehabilitación y cambio de vida, afectando a aquellos que hayan cometido DUI en el pasado, aunque hayan demostrado mejoras.
