Este martes, dos congresistas latinas presentaron una legislación migratoria bipartidista. Su propuesta, denominada “El Acta de la Dignidad”, establece un camino de 12 años hacia el estatus legal de inmigrantes indocumentados.
Además, exige que se declare la seguridad en la frontera antes de que los inmigrantes indocumentados puedan legalizar su estatus.
Las congresistas María Elvira Salazar, republicana por Florida, y Verónica Escobar, demócrata por Texas, respaldan esta propuesta.
Según ellas, permitiría a los indocumentados trabajar y evitar ser deportados. También aceleraría el proceso de asilo y establecería cinco “campamentos humanitarios” en la frontera sur para detener a los solicitantes de asilo hasta que se resuelva su caso.
Además, proponen deducir parte del salario de las personas sin estatus legal permanente para financiar infraestructuras en la frontera.
La “Ley Dignidad” establecería “medidas más duras y penas más altas” para la migración irregular, aseguró la autora de la propuesta, María Elvira Salazar. La congresista republicana aseguró que esta medida, que busca “sacar de las sombras” a las personas indocumentadas, “no le costará un centavo a los contribuyentes, argumentando que incluye vías en las que los migrantes deberán pagar por acceder a un estatus legal.
El proyecto de ley establece la creación del “Programa Dignidad” que otorgaría un estatus legal a personas indocumentadas -junto a una autorización de trabajo y viaje- que tendría una vigencia de siete años con posibilidad de ser renovado.
Para poder participar en dicho programa, de acuerdo con la propuesta, los inmigrantes tendrían que pagar 700 dólares al año al gobierno, para un total de 5.000 dólares en el tiempo que pueden beneficiarse del estatus. Además, las personas deberán pasar una verificación de antecedentes criminales y pagar impuestos.
La intención, según expusieron los congresistas, sería limitar el acceso actual de las personas indocumentadas a servicios públicos como hospitales y escuelas, y obligarles a financiar sus propios seguros médicos o educación privada mientras pagan por mantener su estatus legal.
“Aquí nadie puede vivir de gratis… no quiero que nadie confunda amnistía con dignidad. La amnistía es lo que tienen actualmente los indocumentados, con la Ley Dignidad, cada quien paga por lo que debe”, dijo Salazar.
La medida propone, en segundo lugar, un programa de “redención” por cinco años que serviría de continuidad al “Programa Dignidad” y que permitiría a quienes cumplan con requisitos adicionales como servicio comunitario -y tras el pago de 5.000 dólares adicionales- acceder a la ciudadanía estadounidense.
Los fondos recolectados se usarían para financiar programas de reeducación para estadounidenses “que sientan que han perdido su trabajo a manos de un inmigrante”.
“Si hay alguien que tiene mejores ideas, queremos trabajar con ellos… la única forma en que nuestro país enfrentará adecuadamente los desafíos que se nos presentan es de esta manera, de manera bipartidista…porque esperar una idea de cada lado de lo que es perfecto, es exactamente lo que nos ha metido en la situación que enfrentamos hoy”, dijo Verónica Escobar, la congresista demócrata co-autora de la medida.
Las congresistas aseguraron que comenzarán conversaciones con ambos partidos para asegurar que la medida sea aprobada en la Cámara y en el Senado.
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