La Corte Suprema de Estados Unidos falló este martes a favor de la Administración del presidente Donald Trump en un caso que pone a prueba los derechos de los inmigrantes con residencia permanente legal, conocidos como titulares de una “green card”.
La decisión, aprobada por una mayoría de 6 votos contra 3, se centra en una determinación tomada por funcionarios de inmigración en 2012 contra Muk Choi Lau, un residente permanente que fue colocado bajo libertad condicional migratoria (parole) al regresar a Estados Unidos tras un breve viaje al extranjero.
Las autoridades tomaron esa medida debido a que Lau había sido acusado de un delito relacionado con falsificación. Posteriormente, el inmigrante se declaró culpable de vender ropa falsificada en Nueva Jersey.
Lau argumentó que los funcionarios de inmigración excedieron su autoridad al colocarlo bajo parole y que esa decisión permitió indebidamente al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) iniciar un proceso acelerado de deportación en su contra.
Sin embargo, la Corte Suprema rechazó ese argumento.
“Los funcionarios fronterizos no tenían la obligación de demostrar, mediante pruebas claras y convincentes, que Lau había cometido un delito que implicara depravación moral”, escribió el juez Clarence Thomas en la opinión mayoritaria del tribunal.
Por su parte, la jueza Ketanji Brown Jackson emitió un voto disidente, en el que advirtió que la decisión de someter a Lau a libertad condicional migratoria lo colocó en un “limbo migratorio” antes incluso de haber sido declarado culpable de algún delito.
“Me preocupa que la Corte le haya entregado ahora al Gobierno un cheque en blanco de gran alcance”, escribió Jackson, respaldada por los otros dos jueces liberales del máximo tribunal.
La decisión llega en momentos en que la Corte Suprema analiza varios casos relacionados con inmigración, en medio de la amplia campaña de control migratorio impulsada por la Administración Trump. No obstante, este caso en particular se originó antes de que el mandatario regresara a la Casa Blanca.
Durante el proceso, el Gobierno argumentó que la simple sospecha de la comisión de un delito puede ser suficiente para colocar a un residente permanente legal bajo parole, en lugar de otorgarle las protecciones y beneficios asociados a su estatus de residente.
Los abogados del Gobierno federal también pidieron a la Corte adoptar una interpretación amplia de la autoridad del Poder Ejecutivo en materia migratoria.
Actualmente, la Corte Suprema también estudia otros casos de alto impacto relacionados con la inmigración, entre ellos la orden ejecutiva de Trump para poner fin a la ciudadanía por nacimiento, así como medidas que podrían restablecer políticas más restrictivas de asilo y limitar protecciones temporales para migrantes que huyen de guerras, conflictos o desastres naturales en sus países de origen.
