Casi 100 inmigrantes que fueron detenidos en una redada del Servicio de Migración y Aduanas (ICE) en 2018 en una planta procesadora de carne en Tennessee han alcanzado un acuerdo por $1.17 millones de dólares después de una demanda colectiva contra el gobierno de Estados Unidos y los agentes federales.
La operación desplegada en una fábrica procesadora de carne Southeastern Provision, en Bean Station, fue denunciada por el uso de perfiles raciales y fuerza excesiva por parte de los funcionarios del ICE, del Departamento de Seguridad Nacional, la división de investigación penal del Servicio de Rentas Internas (IRS) y agentes de la patrulla de carreteras de Tennessee.
Según organizaciones de activistas, se trató del operativo migratorio más grande realizado en un solo centro de trabajo en la última década. El acuerdo aprobado por la Corte del Distrito Este de Tennessee ofrece una rareza, y los demandantes recibirán $550,000 dólares, más de $5,700 dólares cada uno.
Seis demandantes nombrados en el acuerdo recibirán $475,000 dólares del gobierno federal. Además, se les otorgará un documento con el que los demandantes podrían solicitar un alivio migratorio. La corte determinó que el acuerdo era razonable y que la reparación proporcionada al grupo era adecuada.
“Tennessee Immigrant and Refugee Rights Coalition estuvo presente en el este de Tennessee inmediatamente después de la redada, trabajando para reunir a las familias y satisfacer las necesidades inmediatas de las mismas”, dijo TIRRC en un comunicado.
EL ACUERDO: La Corte del Distrito Este de Tennessee aprobó el acuerdo y determinó que la reparación proporcionada al grupo era adecuada. Más del 95% de los demandantes presentaron formularios de reclamación para acceder a los beneficios del acuerdo.
Según organizaciones de activistas, la redada en la planta procesadora de carne fue el operativo migratorio más grande realizado en un solo centro de trabajo en la última década.
Martha Pulido, una de las demandantes, comentó que la redada cambió todo en un instante y que ahora vive con las secuelas de esa mala experiencia.
“Cuando bajamos las escalinatas pudimos levantar las manos al cielo y decir se ha hecho justicia,” dijo a Memphis Noticias Leticia Alvarez, Directora Senior de Programas con Tennessee Immigrant and Refugee Rights Coalition. “Una lucha de cinco años de un grupo de trabajadores que violentamente sufrió los daños de una redada de las más violentas bajo la administración de Trump.”
El National Immigration Law Center (NILC) y el Southern Poverty Law Center (SPLC) condujeron la pelea judicial en representación de los demandantes.
Expertos en inmigración consideran que este es probablemente el primer acuerdo colectivo relacionado con una operación de control migratorio y que representa una rara victoria para los inmigrantes indocumentados, ya que es muy difícil lograr un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos y los agentes en casos de aplicación de la ley de inmigración.
