El gobierno del presidente Joe Biden informó el martes que extenderá el Estatus de Protección Temporal por 18 meses para más de 300,000 personas procedentes de El Salvador, Honduras, Nicaragua y Nepal, causando la decepción de algunos activistas y legisladores que buscaban una oferta más generosa.
Las extensiones brindan “seguridad y protección continua” para quienes ya se encuentran legalmente en Estados Unidos con el Estatus de Protección Temporal (o TPS por sus siglas en inglés), el cual estaba por expirar como parte de las decisiones del gobierno del expresidente Donald Trump, dijo el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.
Aunque la decisión beneficia a cerca de 334,000 personas de los cuatro países, incluidos 239,000 salvadoreños, algunos tenían la esperanza de una medida más radical que incluyera una mayor elegibilidad para los llegados recientemente procedentes de El Salvador, Honduras, Nicaragua y Venezuela.
El gobierno ha utilizado de forma agresiva el TPS, una ley de 1990 que les permite a las personas que ya se encuentran en Estados Unidos permanecer en el país por incrementos de 18 meses en caso de que el secretario de Seguridad Nacional determine que los desastres naturales o conflictos civiles les impidan regresar a salvo a sus naciones de origen.
Durante la presidencia de Biden, el número de personas elegibles se ha disparado más del 70% a casi un millón de personas hasta diciembre, revirtiendo una tendencia de la era de Trump, según un análisis realizado por el Cato Institute, el cual promueve una mayor inmigración. El TPS es aplicado actualmente a 15 naciones, incluidas Venezuela y Ucrania, en comparación con los 10 países que se tenían contemplados previamente.
Las extensiones dadas a conocer el martes serán válidas para unos 239,000 salvadoreños hasta el 9 de marzo de 2025; alrededor de 76,000 hondureños hasta el 5 de julio de 2025; cerca de 14,500 nepaleses hasta el 24 de junio de 2025; y para unos 4,000 nicaragüenses hasta el 5 de julio de 2025.
Los beneficiarios centroamericanos del TPS tienen que haber vivido en Estados Unidos por más de dos décadas para ser elegibles, lo que desató críticas de activistas de que el gobierno no tomó en consideración las revueltas recientes en países como Nicaragua, el cual se convirtió el año pasado en una de las principales fuentes de migración hacia Estados Unidos. A El Salvador se le otorgó el TPS después de que un terremoto azotó a la nación centroamericana en 2001, y a Honduras y Nicaragua después del impacto de un huracán en 1998.
Los activistas también presionaron por incluir a Guatemala, el cual nunca ha sido elegible al TPS.
El TPS ha estado ausente de una serie de medidas de recompensas y amenazas que el gobierno ha anunciado en los últimos meses, más o menos al mismo tiempo en que se retiraron el pasado 11 de mayo las restricciones al asilo relacionadas con la pandemia, conocidas como Título 42. Estas iniciativas incluyen permisos humanitarios para alrededor de 30,000 personas procedentes de Cuba, Haití, Nicaragua o Venezuela al mes, y, del otro lado, una prohibición prácticamente absoluta al asilo para quienes llegan a la frontera sur de Estados Unidos e ingresen ilegalmente al país luego de cruzar por otro país, como México, en su camino hacia Estados Unidos.
