El gobernador de Florida, Ron DeSantis, enfrenta una demanda federal por la ley migratoria más dura del país. Este sábado, las principales organizaciones de derechos civiles de Estados Unidos anunciaron que interpondrán una demanda contra DeSantis por la draconiana ley SB 1718, que entró en vigor el 1 de julio.
El Southern Poverty Law Center (SPLC), la American Civil Liberties Union (ACLU), Americans for Immigrant Justice y el American Immigration Council emitieron un comunicado conjunto denunciando la ley como discriminatoria e una amenaza para los derechos y el bienestar de cada individuo en el estado.
Este sábado, la demanda contra DeSantis será presentada en nombre de la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida y varias personas. La demanda alega que la ley SB-1718, que entra en vigor hoy, no solo viola los derechos fundamentales de las personas en el estado, sino que también socava la riqueza cultural y las contribuciones económicas de los inmigrantes.
La ley impone graves castigos a los indocumentados, sus familias y sus empleadores, lo que ha resultado en un destierro silencioso en el estado.
“La demanda se centrará específicamente en las disposiciones perjudiciales descritas en la Sección 10, que penaliza el transporte de personas a Florida que pueden haber ingresado al país sin una inspección federal”, abunda el comunicado, en referencia a las penalidades que puede enfrentar desde este sábado quien transporte a una persona indocumentada hacia el estado.
“Este ataque a nuestras comunidades de inmigrantes no se mantendrá. Diseñada a propósito para infligir crueldad, la SB 1718 es inconstitucional y socava nuestra democracia”, agrega el texto.
Activistas y organizaciones de derechos humanos han denunciado que la nueva ley en Florida es una estrategia política de DeSantis para su candidatura presidencial de 2024, anunciada a finales de mayo.
La SB 1718, entre sus principales cambios, impone requisitos a los empleadores con más de 25 trabajadores, exigiéndoles usar E-Verify para determinar la elegibilidad de empleo. Además, obliga a los hospitales a recopilar datos sobre el estatus migratorio de los pacientes y establece que transportar a un indocumentado hacia el estado es un delito castigado con hasta 15 años de prisión.
Según Paul R. Chavez, abogado del Southern Poverty Law Center, este proyecto de ley tiene un efecto punitivo que socava la seguridad pública y la salud pública. Al empujar a millones de familias de estatus mixto a las sombras, las hace más vulnerables a la explotación. Cuando las personas temen denunciar delitos o buscar tratamiento médico, esto afecta a toda la comunidad.
“La SB 1718 es un ataque al tejido de nuestro estado. Es un acto extremo de extralimitación del gobierno estatal destinado a incitar el miedo y la criminalización de las comunidades de inmigrantes — de las familias que van sobre su vida cotidiana a los trabajadores que se necesitan desesperadamente para nuestra economía, especialmente durante una escasez de mano de obra”, dijo por su parte Amien Kacou, abogado de ACLU en Florida.
La Ley SB 1718 fue aprobada el 2 de mayo por la Legislatura estatal de mayoría republicana, y DeSantis la firmó una semana después. La medida no solo castiga a las empresas que den trabajo a indocumentados con multas, sino a sus familiares y otros que los ayuden. Tampoco reconoce licencias de conducir emitidas por otros estados y obliga a algunos centros médicos a preguntar por el estatus migratorio de los pacientes.
“Florida tiene una orgullosa historia de bienvenida a los inmigrantes, y nuestra prosperidad futura depende de continuar por un camino de bienvenida para todas las personas que viven en el Estado del Sol — independientemente de su lugar de nacimiento o estatus migratorio. A todos los inmigrantes de Florida: son bienvenidos aquí y nosotros nos posicionamos con ustedes”, dijo Shalyn Fluharty, directora ejecutiva de Americans for Immigrant Justice.
