En una medida que marca un cambio significativo en las políticas lingüísticas del país, el Departamento de Justicia (DOJ) instruyó a todas las agencias federales a reducir la cantidad de servicios multilingües que ofrecen. Esta acción se enmarca en la iniciativa de la administración Trump para establecer el inglés como el idioma oficial de Estados Unidos.
El memorando, emitido por la secretaria de Justicia Pam Bondi, sostiene que eliminar o limitar programas dirigidos a personas con dominio limitado del inglés permitirá “agilizar los procesos federales” y hacerlos “más claros y rentables”.
“Esta iniciativa no es simplemente un regreso a la tradición, sino una estrategia con visión de futuro para mejorar la integración social y económica, ofreciendo a todos los residentes la oportunidad de aprender y adoptar el inglés como medio para alcanzar el sueño americano”, afirmó Bondi.
Según el documento, el objetivo es “fortalecer la unidad nacional y la eficiencia operativa”, al tiempo que las agencias dispondrán de “herramientas prácticas para equilibrar este mandato con sus responsabilidades esenciales”.
El inglés, idioma oficial por decreto:
En marzo, el expresidente Donald Trump firmó un decreto que designa el inglés como idioma oficial del país. Con base en esa orden, el DOJ indicó el lunes que las agencias federales deben evaluar qué programas, subvenciones y políticas podrían funcionar mejor si se operaran exclusivamente en inglés.
En los casos donde se mantengan iniciativas multiculturales, el memorando establece que debe incluirse una nota visible que aclare que el inglés es el idioma oficial del gobierno.
Uso de inteligencia artificial para traducciones:
Otro punto clave del documento sugiere que las agencias consideren el uso de herramientas de inteligencia artificial para reducir gastos en servicios de traducción, destinando esos fondos a programas que fomenten el aprendizaje y la asimilación del inglés.
La decisión ha generado debate entre quienes la ven como un paso hacia la unidad nacional y quienes temen que afecte a millones de residentes con dominio limitado del idioma, especialmente en sectores como salud, justicia y servicios sociales.
