En una decisión que marca un freno a las políticas migratorias más agresivas del expresidente Donald Trump, la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó este viernes una apelación del gobierno para continuar con la deportación de ciudadanos venezolanos, amparada en la controvertida Ley de Enemigos Extranjeros.
El fallo, que contó con la oposición de los jueces Samuel Alito y Clarence Thomas, responde a una apelación de emergencia presentada por abogados defensores de migrantes venezolanos acusados de tener vínculos con la pandilla criminal conocida como el Tren de Aragua.
La decisión del máximo tribunal mantiene vigente una orden judicial previa que había suspendido temporalmente las deportaciones desde el centro de detención Bluebonnet, ubicado en el norte de Texas. Esa orden fue emitida a medianoche el mes pasado, generando un respiro momentáneo para al menos 176 migrantes venezolanos.
Fue el 13 de mayo cuando el gobierno de Trump solicitó formalmente a la Corte Suprema que le permitiera reanudar las deportaciones. Alegaban que los detenidos representaban un “peligro especial” y que su permanencia prolongada en centros de detención no era viable desde una perspectiva de seguridad nacional.
El gobierno buscaba revocar una decisión judicial tomada en abril que impidió aplicar la Ley de Enemigos Extranjeros una norma centenaria originalmente pensada para tiempos de guerra para justificar la expulsión inmediata de estos migrantes.
Aunque algunos sectores han argumentado que estos procedimientos son necesarios para proteger al país, organizaciones de derechos humanos y abogados de inmigración han cuestionado severamente el uso de esta ley como arma legal contra comunidades vulnerables. También han denunciado la falta de pruebas concretas que vinculen a los migrantes con estructuras criminales como el Tren de Aragua.
Por ahora, los venezolanos detenidos en Bluebonnet seguirán protegidos por la orden judicial vigente. Pero la batalla legal está lejos de terminar.
Este caso, que mezcla migración, seguridad y derechos constitucionales, podría sentar un precedente importante para futuras administraciones que intenten recurrir a leyes de emergencia para justificar deportaciones masivas.
