La Corte Suprema dictaminó este lunes que los inmigrantes detenidos durante largos periodos bajo la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no tienen derecho a una audiencia para solicitar fianza, a fin de continuar sus casos en libertad.
La decisión podría afectar principalmente a los inmigrantes que han sido deportados anteriormente o tienen una orden final de deportación, aunque activistas consideran que esto afecta a todas las personas detenidas.
En opinión de la jueza Sonia Sotomayor, el Gobierno federal no tiene obligación de otorgar audiencias de fianza para que un inmigrante siga su caso en libertad.
“[No hay ley] que requiera que el gobierno brinde audiencias de fianza ante los jueces de inmigración después de seis meses de detención”, señala la opinión de Sotomayor. “[Sobre todo] con el gobierno asumiendo la carga de probar de manera clara y evidencia convincente de que un no ciudadano detenido representa un riesgo de fuga o un peligro para la comunidad”.
Esa decisión se dio por el caso Johnson v. Arteaga-Martinez, que involucró a Antonio Arteaga-Martinez, un ciudadano mexicano que ingresó a los EE.UU. sin autorización y se ordenó su expulsión, pero ya había ingresado en forma irregular en otras ocasiones.
Arteaga-Martinez presentó un caso de “retención de deportación” alegando persecución o tortura en México, pero ese recurso legal puede durar meses o años, por lo que el mexicano pidió que se le otorgara una audiencia para fijarle una fianza y seguir su caso en libertad. Tribunales inferiores le dieron la razón, pero no la Corte Suprema.
El segundo caso es Garland v. Alemán González, el cual consolida dos demandas colectivas, sobre inmigrantes que reclamaban derecho a fianza tras órdenes posteriores de deportación. Este caso tuvo la opinión del juez Samuel Alito.
El fallo integral representa un severo golpe para inmigrantes detenidos con órdenes de deportación, ya que los tribunales migratorios tienen un retraso de expedientes de más de 1.5 millones.
Cabe destacar que la jueza Sotomayor indicó que las autoridades federales pueden decidir si otorgan la audiencia de fianza, pero no están obligadas a ello.
“Negar a las personas audiencias de fianza puede tener consecuencias potencialmente mortales. Los inmigrantes merecen el debido proceso y una oportunidad significativa de ser liberados de la detención de ICE”, consideró la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU).
La oficina de ACLU en California indicó que la decisión de la Corte Suprema deja en desamparo a miles de inmigrantes detenidos, debido a que no tienen representación legal y difícilmente podrían enfrentar sus procesos en libertad.
“[Esto es] una tremenda carga para la gran mayoría de los inmigrantes detenidos que no cuentan con la representación necesaria para presentar casos individuales”, lamentó. “Pero las sentencias también dejan la puerta abierta a nuestras pretensiones constitucionales”.
Con información de: EldiariodeNY
