La compañía de autobuses Greyhound, la más grande del país, ya no permitirá que los agentes de inmigración hagan redadas en sus estaciones y vehículos sin la autorización por escrito de un juez y, además, pagará 2.2 millones de dólares en compensaciones y cuotas tras llegar a un acuerdo con el estado de Washington por una demanda.
Greyhound ya había anunciado en febrero de 2020, en medio de una creciente presión pública, que no permitiría las redadas de inmigración en sus autobuses en ningún lugar del país.
El nuevo acuerdo requiere que la compañía tome medidas específicas y documente qué medidas está tomando para evitar que esto suceda en Washington. También establece que la compañía deberá pagar honorarios de los abogados del estado y compensar a los pasajeros que fueron detenidos o deportados por agentes migratorios después de subirse a un autobús.
Los reportes de redadas de la Patrulla Fronteriza en autobuses aumentaron en todo el país durante la Administración Trump, cuando Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por su sigla en inglés), la agencia que supervisa la Patrulla Fronteriza, revirtió una política de la era del expresidente Barack Obama que restringía ese tipo de operaciones.
La mayor parte de las redadas ocurrió cerca de la frontera norte, según han dicho defensores de los migrantes y un portavoz de Greyhound consultados por nuestra cadena hermana NBC News en 2019. En el estado de Washington, esas búsquedas se concentraron en la estación de autobuses de Spokane, la ciudad más grande en el lado este del estado.
Según las leyes de inmigración, los agentes pueden registrar vehículos sin una orden judicial “dentro de una distancia razonable de cualquier límite externo de Estados Unidos”, algo que CBP interpreta como un rango de 100 millas de cualquier frontera internacional. Es una zona que abarca más de la mitad de la población del país e incluye prácticamente toda Nueva Inglaterra, Florida y Nueva York.
Las inspecciones de los autobuses han resultado en la detención de personas que entraron al país ilegalmente. Pero los agentes también han interrogado a ciudadanos, residentes permanentes, y beneficiarios de DACA, en algunos casos deteniendo a inmigrantes que estaban en el país legalmente.
Por ello, estas revisiones provocaron una ola de demandas contra la Patrulla Fronteriza por parte de grupos de derechos civiles. En Washington, el fiscal general del estado también demandó a Greyhound, argumentando que la compañía no tenía por qué permitir que subieran los agentes a sus autobuses, poniendo en peligro la libertad de sus clientes.
La demanda de Washington fue entablada después de que Greyhound se comprometiera a tomar acciones para detener esta práctica de las autoridades. “A pesar de sus declaraciones públicas… Greyhound todavía no ha cambiado sus políticas”, se lee en la demanda.
“Greyhound se complace en llegar a un acuerdo con el estado de Washington”, afirmó la compañía el lunes. “Al aceptar el decreto de consentimiento, comunicaremos más ampliamente a nuestros clientes las políticas y procedimientos que ya tenemos para servir a los ciudadanos del estado de Washington”.
El acuerdo al que llegaron el viernes, un día hábil antes de que comenzara el juicio, compromete a la compañía a crear una política para impedir que los agentes de inmigración aborden sus autobuses sin una orden judicial o sospecha razonable, así como a capacitar a sus conductores para implementar la política e informar a la oficina del fiscal general la frecuencia con la que los agentes de inmigración abordan sus autobuses en el estado.
