Los congresistas de Tennessee cerraron su sesión legislativa anual el jueves y llegaron a un acuerdo que permitiría a un panel designado políticamente retirar libros de las bibliotecas de las escuelas públicas en todo el estado a través de un nuevo poder de veto sobre las decisiones de la junta escolar local.
La Legislatura de mayoría republicana también resolvió las últimas diferencias sobre una revisión de la fórmula de financiación de la educación buscada por el gobernador Bill Lee y reglas de ética y finanzas de campaña más estrictas en medio de una investigación federal en la que ya un republicano de la Cámara se declaró culpable y renunció.
Esas propuestas y otras se dirigen al gobernador republicano, concluyendo una sesión en la que los legisladores impulsaron más los temas candentes conservadores: apuntar a los atletas transgénero, imponer el escrutinio sobre las bibliotecas escolares y bloquear los requisitos de seguridad de COVID-19.
La sesión del año electoral comenzó en enero.
Los defensores del escrutinio estricto de los materiales en las bibliotecas de las escuelas públicas dijeron que los cambios eran necesarios para impulsar la transparencia, y sus llamados se produjeron en medio de un aumento nacional en los desafíos y prohibiciones de libros. Los bibliotecarios escolares en particular se han convertido en el blanco del desprecio de los legisladores republicanos en un intento por una mayor supervisión de los contenidos que se brindan a los niños, especialmente aquellos que tocan temas de racismo y LGBTQ.
El proyecto de ley final le daría a la comisión de libros de texto del estado, todos designados por políticos, la última palabra en un proceso de apelación sobre si un libro puede o no permanecer en las bibliotecas escolares. Cuando alguien cuestiona un libro, la junta escolar elegida toma una decisión. Según el proyecto de ley, si a un padre, estudiante o trabajador escolar no le gusta la decisión, podría apelar a la comisión de libros de texto, cuya elección se aplicará a las bibliotecas escolares de todo el estado.
El patrocinador republicano del proyecto de ley, el representante Jerry Sexton, generó críticas después de decir antes de la aprobación de la Cámara del miércoles que cualquier libro inapropiado debería ser quemado. Más tarde señaló que no está en la comisión de libros de texto y que no creía que fuera probable que se quemaran libros.
Los legisladores negociaron el proyecto de ley el jueves, retirándose del requisito propuesto por la Cámara de que las escuelas proporcionen a la comisión una lista de materiales de la biblioteca para revisar posibles remociones y decidiendo poner a la comisión al frente del proceso de apelación.
Varios republicanos se unieron a los demócratas para votar en contra del proyecto de ley negociado el jueves.
El líder de la minoría demócrata en el Senado, Jeff Yarbro, señaló que no especifica cuánto tiempo un libro retirado permanece fuera de las bibliotecas o se vuelve elegible para su reincorporación.
“Estas son prohibiciones permanentes de libros”, dijo Yarbro. “Si esta hubiera sido la ley cuando abrimos las bibliotecas escolares, nuestras bibliotecas tendrían alrededor de 150 libros”.
El gobernador ya propuso y firmó una legislación que requiere que las bibliotecas escolares publiquen sus contenidos en línea y revisen periódicamente sus políticas para asegurarse de que los materiales sean “apropiados para la edad” y “adecuados” para los niños.
Los bibliotecarios han respondido que las escuelas ya tienen políticas para que los padres y educadores revisen los libros de la biblioteca escolar. Destacan la necesidad de mejores recursos y posiblemente agregar un coordinador de biblioteca estatal para promover la alfabetización y la educación en todo el estado.
Los legisladores también acordaron los términos para los nuevos requisitos de ética y finanzas de campaña.
Las organizaciones sin fines de lucro políticamente activas, que van desde la Asociación Nacional del Rifle hasta Americans for Prosperity, han estado siguiendo de cerca la propuesta, preocupadas de que pueda ser necesario revelar a sus donantes.
La reacción provocó una respuesta reciente del presidente del Senado, Randy McNally, quien aseguró que el proyecto de ley arroja luz sobre el gasto sin censurar la libertad de expresión ni exigir la divulgación de donantes sin fines de lucro.
La versión aprobada el jueves dice que ciertas organizaciones sin fines de lucro deben divulgar gastos por un total de al menos $ 5,000 dentro de los 60 días posteriores a una elección en comunicaciones que contengan el nombre o la imagen de un candidato estatal. Existen excepciones para actividades como cabildeo o comunicación con miembros de su organización o personas que se registran para recibir actualizaciones.
El amplio proyecto de ley también requiere que los líderes de los comités políticos presenten prueba de identificación; hace que candidatos y funcionarios firmen declaraciones de intereses financieros bajo pena de perjurio; y aumenta los requisitos de presentación de informes en los 10 días anteriores a una elección para las contribuciones y gastos de los candidatos y los comités políticos, que vencen al siguiente día hábil.
Los cambios se producen después de que el representante republicano Robin Smith renunció y luego se declaró culpable de fraude electrónico federal en un presunto plan de sobornos de consultoría política, que implicó al expresidente de la Cámara Glen Casada y su exjefe de gabinete Cade Cothren. Los fiscales federales alegan que tres afirmaron que la empresa política, Phoenix Solutions, estaba dirigida por un tal “Matthew Phoenix”, pero en realidad era Cothren bajo un alias.
Casada, que no busca la reelección, y Cothren también han sido citados en una investigación estatal sobre un comité político independiente en la sombra. Su tesorero les dijo a los reguladores estatales que ella es la ex novia de Cothren.
