MEMPHIS, Tenn. – En un esfuerzo por detener una “puerta giratoria” para los delincuentes, se dirige un proyecto de ley al gobernador de Tennessee que exige cambios importantes en la forma en que se establecen las fianzas en algunos de los delitos más graves del estado.
Cuando se establece una fianza, no se pretende que sea punitiva, sino solo por un monto que asegure que los sospechosos regresen a la corte y no más alto de lo que él o ella puede pagar.
La controversia surge porque algunos dicen que las personas que los establecen, los comisionados judiciales, no pueden rendir cuentas porque son designados en lugar de elegidos.
Una y otra vez, cada vez en una actualización pública, el alcalde de Memphis, Jim Strickland, escribe sobre lo que él llama una “puerta giratoria” para los delincuentes, un sistema mediante el cual los delincuentes regresan a las calles debido a lo que dice son montos bajos de fianza.
El mes pasado, una carta enviada a los jueces, los comisionados que fijaron las fianzas y el fiscal de distrito dijo que las fianzas bajas equivalen a “atrapar y liberar”.
El representante estatal John Gillespie, republicano por Memphis, está detrás del proyecto de ley que propone cambiar la responsabilidad de establecer los montos de las fianzas de los comisionados judiciales y entregarla a los jueces electos en el caso de ciertos delitos graves.
“Las personas que estaban siendo arrestadas por delitos bastante violentos estaban siendo liberadas por su propia cuenta o sin que se fijara una fianza”, dijo.
Citó la muerte a tiros en septiembre de la estudiante de segundo año de Millington High, Haley Reedy, supuestamente a manos de su exnovio, quien salió libre de la cárcel, pagando una fianza de $10,000 establecida por un comisionado judicial, horas después de haber sido acusado de su muerte.
El proyecto de ley se encuentra en el escritorio del gobernador Bill Lee, donde estará durante 10 días mientras espera su firma para convertirse en ley.
Si no, entra en vigor el 1 de julio con o sin su firma.
Los republicanos en la legislatura tienen una gran mayoría a prueba de veto, lo que significa que si lo veta, pueden optar por anular su decisión.
