Un juez en Tennessee prohibió temporalmente a dos agencias federales hacer cumplir las directivas emitidas por la administración del presidente Joe Biden que extendieron las protecciones para las personas LGBTQ en las escuelas y los lugares de trabajo.
El juez de distrito de EE. UU. Charles Atchley Jr. en una orden el viernes falló a favor de los 20 fiscales generales estatales que demandaron en agosto pasado alegando que las directivas de la administración Biden infringen el derecho de los estados a promulgar leyes que, por ejemplo, impiden que los estudiantes participen en deportes en función de su identidad de género o exigir que las escuelas y las empresas proporcionen baños y duchas para acomodar a las personas transgénero.
Atchley, designado por el presidente Donald Trump en 2020, estuvo de acuerdo con el argumento de los fiscales generales y emitió una orden judicial temporal que impide que las agencias apliquen esa guía sobre discriminación LGBTQ hasta que el asunto pueda ser resuelto por los tribunales.
“Como se demostró anteriormente, el daño alegado por los Estados demandantes ya está ocurriendo: su poder soberano para hacer cumplir su propio código legal se ve obstaculizado por la emisión de la guía de los Demandados y, como resultado, enfrentan una presión sustancial para cambiar sus leyes estatales”, escribió Atchley.
Los fiscales generales son de Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, Georgia, Idaho, Indiana, Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Ohio, Oklahoma, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Tennessee y Virginia Occidental.
Las directivas con respecto a la discriminación basada en la orientación sexual fueron emitidas por el Departamento de Educación de los EE. UU. y la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo en junio luego de una decisión histórica sobre derechos civiles de la Corte Suprema de los EE. UU. en 2020 que, bajo una disposición llamada Título VII, protege a los homosexuales, lesbianas y personas transgénero de la discriminación en el lugar de trabajo.
La guía del Departamento de Educación de junio de 2021 dijo que la discriminación basada en la orientación sexual o la identidad de género de un estudiante se trataría como una violación del Título IX, la ley federal de 1972 que protege la discriminación sexual en la educación.
La Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo publicó una guía ese mes sobre lo que podría constituir discriminación contra las personas LGBTQ y aconsejó al público sobre cómo presentar una queja.
Con su guía, la administración Biden en parte se opuso a las leyes y propuestas en un número creciente de estados que tienen como objetivo prohibir que las niñas transgénero participen en equipos deportivos femeninos.
Los fiscales generales estatales sostienen que la autoridad sobre tales políticas “pertenece propiamente al Congreso, los Estados y el pueblo”.
La política educativa conllevaba la posibilidad de sanciones federales contra las escuelas y universidades que no protegen a los estudiantes homosexuales y transgénero.
Los fiscales generales argumentaron que retrasar una revisión legal de las directivas “les causaría dificultades significativas, ya que a los acusados se les permitiría usar el ‘miedo a futuras sanciones’ para forzar el ‘cumplimiento inmediato’ de la guía impugnada”, escribió Atchley.
“El Tribunal determina que los Demandantes han mostrado una amenaza creíble de ejecución”, escribió Atchley. “Los Demandantes destacan que los litigantes privados confían en la orientación de los Demandados para impugnar las leyes estatales de los Demandantes”.
Atchley señaló que el Departamento de Educación de EE. UU. ha presentado una declaración de interés en una demanda de West Virginia tomando una posición de que el Título IX prohíbe al estado excluir a las niñas transgénero de participar en deportes de un solo sexo restringidos a niñas.
