Para las familias afectadas, la discusión va más allá de los documentos que exige una oficina estatal. Se trata de poder llegar al trabajo, llevar a sus hijos a la escuela y atender sus necesidades diarias sin perder la posibilidad de conducir legalmente.
Un cambio administrativo del Departamento de Seguridad y Seguridad Nacional de Tennessee (TDOS) ha cerrado el acceso a licencias temporales a inmigrantes que cuentan con autorización federal para permanecer en Estados Unidos, según una demanda anunciada el viernes 30 de octubre por organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes.
El National Immigration Law Center (NILC), la Coalición de Derechos de Inmigrantes y Refugiados de Tennessee (TIRRC) y el bufete Bass, Berry & Sims PLC emprendieron la acción judicial para frenar la medida y recuperar el procedimiento que el estado utilizaba anteriormente.
Durante años, el departamento aceptó permisos de trabajo y otros documentos federales como prueba de presencia autorizada para emitir licencias de conducir temporales. Las organizaciones sostienen que ese criterio cambió en las últimas semanas y que muchas personas se enteraron de las nuevas restricciones cuando acudieron a renovar.
Entre los afectados se encuentran beneficiarios de DACA, quienes, de acuerdo con los demandantes, han recibido negativas pese a contar con documentos federales que antes eran aceptados para realizar el trámite.
Según la descripción del caso publicada por NILC, la nueva política limita los documentos admitidos para determinados solicitantes no ciudadanos a una visa vigente, los formularios I-94 o I-94W, o una tarjeta de residencia permanente temporal. Las organizaciones advierten que esta restricción excluye a miles de residentes que dependían del procedimiento anterior.
La demanda cuestiona tanto el contenido del cambio como la forma en que fue implementado. Los demandantes alegan que el TDOS excedió sus facultades, omitió los procedimientos legales correspondientes y no dio al público la oportunidad de participar antes de modificar una política con consecuencias directas para las comunidades inmigrantes.
Peter McGraw, subdirector legal de NILC, sostuvo que la agencia debía permitir la participación de la comunidad antes de adoptar nuevas disposiciones. La organización considera que la negativa a emitir estas licencias es ilegal; corresponde al tribunal resolver ese señalamiento.
Desde TIRRC, Spring Miller, directora sénior de estrategia legal, destacó que conducir permite a las familias sostener su empleo, comprar alimentos y acudir a servicios médicos. Señaló que los afectados han visto alterada su vida cotidiana por una decisión aplicada, según la organización, sin aviso ni explicación.
El caso fue presentado ante el Tribunal de Equidad del Vigésimo Distrito Judicial de Tennessee. La acción solicita bloquear la nueva política y ordenar al departamento que retome el proceso anterior para emitir licencias temporales.
Un portavoz del departamento estatal declinó comentar sobre el litigio, de acuerdo con Tennessee Lookout, y citó la práctica de la agencia de no pronunciarse sobre procesos judiciales pendientes.
La presentación de la demanda no suspende por sí sola las restricciones. Queda pendiente la decisión judicial sobre una medida que, según las organizaciones, está dejando a residentes con autorización federal ante dificultades para movilizarse y mantener el sustento de sus familias.
Con información del National Immigration Law Center, TIRRC y Tennessee Lookout.
