La administración del presidente Donald Trump abrió un nuevo frente con los gobiernos estatales al advertir que podrían enfrentar la pérdida de fondos federales si no comparten con las autoridades migratorias información sobre personas que saben que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos.
La advertencia está contenida en una nueva opinión legal del Departamento de Justicia (DOJ) que amplía de manera significativa las obligaciones de los estados frente al gobierno federal.
La decisión establece que los estados que participan en programas como Temporary Assistance for Needy Families (TANF) y Supplemental Security Income (SSI) deben garantizar que todas sus agencias, y no solamente las oficinas encargadas de administrar beneficios sociales, reporten al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) información sobre personas que sepan que no tienen presencia legal en el país.
El DOJ sostiene que los estados que reciben fondos federales están obligados a cumplir con las condiciones establecidas por el Congreso.
El Departamento de Justicia también advirtió que el incumplimiento podría tener consecuencias, incluida la posibilidad de perder fondos de los programas federales.
Una interpretación que cambia una política de casi tres décadas
La nueva postura revierte una interpretación emitida en 1998 durante la administración del presidente Bill Clinton.
En aquel momento, el gobierno federal había interpretado que la obligación de proporcionar información correspondía principalmente a las agencias estatales encargadas directamente de administrar los programas de asistencia.
La nueva opinión del Departamento de Justicia adopta una interpretación mucho más amplia de la palabra “Estado”.
Bajo esta postura, la obligación alcanza a todo el gobierno estatal y sus diferentes agencias. Esto significa que dependencias que no administran programas de asistencia social también podrían quedar sujetas a la obligación de reportar información a DHS cuando tengan conocimiento de que una persona se encuentra ilegalmente en el país.
La interpretación no será aplicada de manera retroactiva. El propio DOJ indicó que los estados no enfrentarán sanciones por haber seguido la interpretación que estuvo vigente desde 1998.
Miles de millones de dólares en fondos federales
La disputa adquiere mayor importancia porque prácticamente todos los estados participan en estos programas.
De acuerdo con el Departamento de Justicia, los 50 estados, Washington D.C. y varios territorios participan actualmente en TANF y SSI. Los fondos federales destinados a TANF superan los $16,400 millones al año.
La administración Trump sostiene que estos recursos están destinados a ayudar a personas vulnerables que cumplen con los requisitos establecidos por la ley federal y que los estados deben respetar las condiciones asociadas a esos fondos.
Es importante aclarar que las personas indocumentadas no son elegibles para TANF ni SSI. La nueva disputa no significa que el gobierno federal haya determinado que los inmigrantes indocumentados reciben legalmente esos beneficios, sino que busca utilizar las obligaciones de reporte vinculadas a estos programas para ampliar la cooperación de los gobiernos estatales con las autoridades migratorias.
Estados demócratas podrían desafiar la medida
La nueva política podría provocar otra batalla legal entre Washington y varios estados gobernados por demócratas.
California, Nueva York y otros estados que han limitado la cooperación de sus gobiernos con las autoridades federales de inmigración podrían cuestionar la interpretación del Departamento de Justicia y buscar protección en los tribunales.
El gobierno federal, por su parte, sostiene que no está creando una nueva obligación, sino recuperando lo que considera el significado original de una ley aprobada por el Congreso en 1996.
El Departamento de Justicia asegura que la interpretación de 1998 redujo indebidamente el alcance de la ley y que ahora está restableciendo la obligación que, según su análisis, el Congreso estableció originalmente.
La migración vuelve a convertirse en una disputa por fondos
La decisión representa un nuevo mecanismo de presión de la administración Trump sobre los gobiernos estatales en medio de su campaña para ampliar la cooperación con las autoridades federales de inmigración.
Para los estados, el dilema podría convertirse en una decisión entre cumplir con las nuevas exigencias federales de reporte o arriesgar miles de millones de dólares en recursos públicos.
Y mientras la administración Trump defiende la medida como una forma de hacer cumplir las leyes migratorias, sus opositores advierten que Washington está utilizando el financiamiento federal como herramienta para obligar a los estados a participar en su política de deportaciones.
La nueva interpretación ya coloca el tema en el centro de otra posible batalla entre el gobierno federal y los estados sobre inmigración, privacidad, fondos públicos y los límites de la autoridad de Washington sobre los gobiernos estatales.
