El gobierno de Estados Unidos convirtió en permanente el programa que obliga a ciudadanos de 50 países a pagar una fianza para solicitar visas de turismo y negocios (B1/B2), al tiempo que aumentó el monto máximo del depósito de $15,000 a $20,000.
De acuerdo con un aviso del Departamento de Estado publicado en el Registro Federal, la medida entró en vigor este lunes tras concluir que el programa piloto, implementado en agosto de 2025 durante la administración del presidente Donald Trump, ha sido efectivo para reducir los casos de personas que permanecen en el país más tiempo del autorizado por sus visas.
La nueva norma elimina la fianza mínima de $5,000 y permitirá que los funcionarios consulares establezcan depósitos de hasta $20,000, según el nivel de riesgo que represente cada solicitante. Además, el Departamento de Estado dejó abierta la posibilidad de incorporar más países al programa en el futuro.
Las fianzas aplican a ciudadanos de 50 países, en su mayoría ubicados en África, que solicitan visas B1/B2. El dinero es reembolsado si la visa es denegada o, en caso de ser aprobada, cuando el visitante cumple con todas las condiciones de su estadía y abandona Estados Unidos dentro del tiempo permitido.
Según el Departamento de Estado, antes del programa cerca de 45,500 personas provenientes de esos países excedieron el tiempo autorizado por sus visas durante 2024. Sin embargo, en los primeros diez meses del programa piloto se registraron menos de 50 casos de permanencia ilegal entre quienes estuvieron sujetos a la fianza.
Las autoridades también informaron que, aunque inicialmente estimaban que unos 2,000 solicitantes estarían sujetos al requisito, la cifra real fue cercana a 20,000 personas. De ellas, casi la mitad decidió no pagar la fianza, lo que provocó una reducción del 83 % en la emisión de visas de turismo y negocios para ciudadanos de los países incluidos en la lista.
El gobierno sostiene que la medida ayuda a reducir los costos de hacer cumplir las leyes migratorias, ya que calcula que localizar, detener y deportar a una persona que permanece ilegalmente tras vencer su visa cuesta alrededor de $18,000.
No obstante, organizaciones y críticos del programa consideran que la política representa una carga económica excesiva para personas de países con menos recursos que desean visitar familiares, realizar negocios o participar en actividades académicas en Estados Unidos.
