Los agentes del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), incluidos elementos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza, han abatido a 22 personas a tiros desde el inicio del segundo mandato del presidente Donald Trump, según una investigación publicada por States Newsroom.
El caso más reciente ocurrió el 13 de julio en Biddeford, Maine, donde murió Johan Sebastián Durán Guerrero, un ciudadano colombiano de 25 años que contaba con permiso de trabajo legal en Estados Unidos. De acuerdo con el reporte, Durán Guerrero se convirtió en la vigésimo segunda persona fallecida por disparos de agentes federales de inmigración desde enero de 2025.
La investigación señala que 19 de los 22 tiroteos ocurrieron durante controles de tráfico, en incidentes registrados en estados como Colorado, Texas, Oregón, Nueva Jersey, California, Minnesota y Maine.
Del total de casos documentados, seis personas fallecieron durante operativos relacionados con inmigración, tres de ellas ciudadanos estadounidenses. Cuatro de esas muertes ocurrieron durante detenciones vehiculares.
Tras la muerte de Durán Guerrero —el segundo inmigrante abatido en una semana durante un control de tráfico— el DHS suspendió temporalmente este tipo de operativos. Sin embargo, la Casa Blanca confirmó posteriormente que los agentes continuarían realizando detenciones relacionadas con vehículos como parte de la estrategia de deportaciones.
La portavoz presidencial, Karoline Leavitt, afirmó que los controles de tráfico seguirán utilizándose para apoyar las operaciones migratorias del gobierno.
La investigación también destaca que el Congreso, con mayoría republicana, aprobó en los últimos dos años un incremento significativo del presupuesto destinado al control migratorio.
Según el reporte, aproximadamente 175 mil millones de dólares fueron asignados al DHS para tareas de vigilancia fronteriza, detención y deportaciones. Además, se autorizaron otros 75 mil millones de dólares para financiar las operaciones de ICE y la Patrulla Fronteriza hasta septiembre de 2029.
Un informe divulgado por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) documentó 432 incidentes en los que agentes migratorios utilizaron o amenazaron con utilizar la fuerza durante el segundo mandato de Trump.
El estudio analizó más de 1,200 incidentes ocurridos en ocho estados y encontró que:
- En 76 casos las personas fueron sacadas por la fuerza de sus vehículos.
- En 47 ocasiones los agentes rompieron ventanas para realizar arrestos.
- En 14 incidentes embistieron vehículos durante las persecuciones.
- En seis casos personas fueron atropelladas por unidades oficiales.
De acuerdo con States Newsroom, el DHS sostuvo de manera reiterada que las personas baleadas utilizaron sus vehículos como armas contra los agentes federales.
No obstante, la investigación indica que videos de vigilancia y grabaciones de testigos han contradicho esa versión en varios casos.
Además, al menos cinco procesos penales iniciados contra ciudadanos estadounidenses e inmigrantes baleados fueron desestimados posteriormente por las autoridades judiciales.
Entre los casos citados se encuentran:
Francisco Longoria, ciudadano mexicano, quien fue baleado en California en agosto de 2025 después de intentar escapar de agentes en vehículos sin identificación. Los cargos por agresión contra agentes fueron retirados.
Marimar Martínez, ciudadana estadounidense, recibió cinco disparos durante un operativo en Chicago y fue acusada inicialmente de utilizar su automóvil como arma. Posteriormente, el Departamento de Justicia desestimó el caso.
Phillip M. Brown, ciudadano estadounidense, fue baleado durante un operativo en Washington D.C. y posteriormente la fiscalía rechazó presentar cargos en su contra.
Julio César Sosa-Celis, inmigrante venezolano residente en Minnesota, sobrevivió a un disparo durante un operativo en su vivienda. Imágenes de vigilancia contradijeron la versión oficial de que había atacado a un agente con el mango de una escoba. El agente involucrado fue posteriormente acusado por autoridades estatales de Minnesota.
Otro de los casos ocurrió el 7 de julio en Houston, Texas, donde agentes del ICE mataron a Lorenzo Salgado Araujo, de 52 años.
El DHS aseguró que el conductor intentó atropellar a los agentes durante el operativo. Sin embargo, familiares sostienen que Salgado Araujo transportaba trabajadores hacia sus empleos y que no era objetivo de la investigación.
De acuerdo con el Texas Tribune, el FBI también solicitó una orden para analizar unas bolsas con una sustancia cristalina encontradas en la camioneta. La defensa de la familia sostiene que el material correspondía a sal granulada y no a metanfetamina.
La investigación señala que enero de 2025 fue el mes con mayor número de personas baleadas por agentes federales de inmigración.
Cinco personas recibieron disparos durante ese periodo, tres de ellas en Minneapolis, donde la administración Trump realizó una amplia operación migratoria.
Entre las víctimas mortales estuvieron Renee Good y Alex Pretti, ambos ciudadanos estadounidenses.
Según el DHS, ambos representaban una amenaza para los agentes. Sin embargo, la investigación sostiene que videos independientes disponibles públicamente no respaldan esas afirmaciones y han generado cuestionamientos sobre el uso de la fuerza durante varios operativos migratorios.
La muerte de Johan Sebastián Durán Guerrero en Maine ha reavivado el debate sobre las tácticas empleadas por las agencias federales de inmigración, mientras legisladores, organizaciones de derechos civiles y algunos miembros del Congreso continúan solicitando investigaciones independientes sobre estos incidentes.
