El presidente Trump dejó sin integrantes a la Comisión de Asistencia Electoral de Estados Unidos (EAC, por sus siglas en inglés), una decisión que ha generado fuertes críticas de organizaciones defensoras del derecho al voto y de legisladores demócratas, quienes consideran que la medida podría afectar la preparación de las elecciones legislativas de este otoño.
Hasta el jueves por la noche, la comisión quedó sin miembros luego de que la Casa Blanca destituyera por correo electrónico a los comisionados demócratas Thomas Hicks y Benjamin Hovland. La republicana Christy McCormick presentó su renuncia, mientras que el también republicano Donald Palmer había dejado el organismo a principios de este año.
La EAC fue creada por el Congreso en 2002, tras la polémica elección presidencial del año 2000, con el objetivo de ayudar a los estados a fortalecer sus sistemas de registro de votantes, modernizar la administración electoral y promover procesos de votación seguros y confiables.
Diversas organizaciones y defensores de los derechos electorales consideran que la decisión forma parte de una serie de acciones impulsadas por Trump para modificar las reglas electorales antes de las elecciones de mitad de mandato.
Entre esas iniciativas mencionan el respaldo a nuevos mapas electorales en estados con mayoría republicana, los intentos por exigir prueba de ciudadanía e identificación con fotografía para votar, así como las recientes decisiones judiciales que han reducido el alcance de la Ley de Derechos Electorales de 1965.
Los legisladores demócratas Alex Padilla, de California, y Joe Morelle, de Nueva York, señalaron en un comunicado que la destitución de los comisionados “politiza aún más el sistema electoral” y debilita el apoyo a las autoridades electorales estatales y locales.
Por su parte, la Casa Blanca defendió la decisión y aseguró que la administración continúa trabajando para proteger las elecciones contra el fraude y garantizar procesos seguros de cara a los comicios de medio término.
La eliminación de la comisión ocurre mientras la administración Trump mantiene varios frentes abiertos relacionados con la organización de las elecciones.
Entre ellos se encuentra una orden ejecutiva que buscaba exigir prueba de ciudadanía para registrarse como votante, medida que fue bloqueada por un juez federal al considerar que esa facultad corresponde al Congreso y a los estados.
La administración también continúa impulsando restricciones al voto por correo. Aunque la Corte Suprema rechazó recientemente un intento para impedir el conteo de boletas enviadas por correo con matasellos del día de la elección, el gobierno mantiene otras impugnaciones judiciales relacionadas con el proceso electoral.
El Congreso retomará el análisis de la denominada Ley SAVE America, impulsada por Trump, que busca exigir a los votantes presentar prueba de ciudadanía para poder registrarse.
La propuesta enfrenta un panorama complicado en el Senado, donde necesitaría al menos 60 votos para avanzar. Aun así, el presidente ha incrementado la presión sobre los legisladores republicanos para impulsar su aprobación.
Paralelamente, varios estados gobernados por republicanos, entre ellos Texas, Florida, Alabama, Luisiana, Carolina del Norte, Tennessee, Ohio y Misuri, aprobaron este año nuevos mapas electorales para el Congreso antes del próximo censo nacional.
Expertos consideran que esos cambios podrían favorecer al Partido Republicano en las elecciones legislativas, mientras que California y Utah realizaron ajustes que beneficiarían a los demócratas.
La decisión ha provocado respuestas encontradas.
La congresista demócrata Analilia Mejía afirmó que el desmantelamiento de la comisión representa un nuevo paso en el debilitamiento del sistema democrático y advirtió sobre posibles obstáculos para el registro de votantes.
En contraste, el representante republicano Abe Hamadeh respaldó la medida al considerar que la comisión había permitido estándares débiles y no respondió adecuadamente a las preocupaciones sobre la administración de las elecciones de 2020 y 2022.
Desde hace varios años, Trump sostiene que existen irregularidades generalizadas en los procesos electorales estadounidenses, especialmente desde las elecciones presidenciales de 2020, pese a que tribunales, funcionarios electorales y múltiples investigaciones no han encontrado pruebas de un fraude que cambiara el resultado de esos comicios.
Especialistas en derecho electoral advierten que, sin comisionados, la Comisión de Asistencia Electoral queda prácticamente imposibilitada para cumplir sus funciones principales, entre ellas emitir lineamientos técnicos, distribuir recursos y brindar asistencia a los estados en la organización de las elecciones.
Ahora corresponderá al presidente nominar nuevos integrantes dos demócratas y dos republicanos, según establece la ley, quienes deberán ser confirmados por el Senado para que la comisión vuelva a operar con normalidad.
