Una jueza de Nashville extendió la orden que bloquea temporalmente la decisión del estado de Tennessee de reportar a unos 400 niños inmigrantes con enfermedades graves y discapacidades a la División Centralizada de Control de Inmigración, una medida que ha generado preocupación entre médicos, defensores y familias que dependen de un programa de atención médica especializado.
La jueza Patricia Head Moskal determinó que la suspensión continuará vigente mientras avanza el proceso judicial y fijó el 10 de julio como fecha límite para que las partes intenten acordar los términos de una orden judicial de mayor duración.
La demanda fue presentada por tres médicos de Tennessee que atienden a menores inscritos en el programa Servicios Especiales para Niños, el cual ofrece atención médica a niños de bajos ingresos con discapacidades, enfermedades crónicas o condiciones potencialmente mortales que no cuentan con seguro médico o cuya cobertura resulta insuficiente.
Los médicos, representados por el Tennessee Justice Center, sostienen que obligar al estado a compartir la información de estos menores con las autoridades de inmigración podría provocar que muchas familias abandonen el programa por miedo a ser detenidas o deportadas.
Advirtieron que esa decisión podría tener consecuencias devastadoras para niños que dependen de tratamientos y equipos médicos especializados para sobrevivir.
Entre los pacientes afectados hay menores con epilepsia, cardiopatías congénitas que requieren cirugía, parálisis cerebral, traumatismos craneoencefálicos y leucemia. Otros necesitan respiradores artificiales o sondas de alimentación, cuyo costo actualmente es cubierto por este programa estatal.
La demanda también señala que el Departamento de Salud de Tennessee está interpretando incorrectamente la nueva ley estatal sobre notificación migratoria, ya que el texto hace referencia a personas mayores de 18 años y no a menores de edad.
Además, argumenta que la política estatal entra en conflicto con las normas federales que regulan el programa y pone en riesgo el acceso a servicios médicos esenciales para cientos de niños.
Hasta ahora, el Departamento de Salud no ha respondido públicamente a las preguntas sobre cómo aplicará la medida. El mes pasado, un portavoz del gobernador Bill Lee afirmó que Tennessee tiene la obligación de administrar el Programa de Servicios Especiales para Niños conforme a las leyes estatales y los requisitos federales.
Actualmente, más de 4,600 menores reciben atención a través de este programa en todo Tennessee. De acuerdo con información proporcionada por el propio Departamento de Salud a legisladores estatales, alrededor de 400 de esos niños no cuentan con un estatus migratorio legal permanente.
A principios de junio, el jefe interino del Departamento de Salud, John Dunn, envió una carta a las familias informando que la información de identificación de sus hijos sería entregada a la División Centralizada de Control de Inmigración como requisito para continuar recibiendo atención médica.
La notificación estaba programada para comenzar después del 30 de junio, pero quedó suspendida tras la intervención de la corte.
La carta citaba una nueva ley estatal que entró en vigor el 1 de julio y que obliga a distintas agencias estatales y locales a verificar el estatus migratorio y reportar a personas sin residencia legal permanente. Sin embargo, la legislación menciona expresamente a personas mayores de 18 años y no especifica el uso que se dará a la información recopilada.
La División Centralizada de Control de Inmigración fue creada el año pasado por legisladores republicanos y tiene entre sus funciones coordinar la colaboración entre las agencias estatales y las autoridades federales de inmigración.
Mientras continúa el litigio, organizaciones de salud pública y grupos comunitarios han buscado alternativas para ayudar a las familias que consideran retirar a sus hijos del programa. Sin embargo, especialistas advierten que existen muy pocas opciones, ya que el Programa de Servicios Especiales para Niños es considerado un recurso de último recurso para pacientes con necesidades médicas complejas.
Al concluir la audiencia, Michele Johnson, directora ejecutiva del Tennessee Justice Center, celebró la decisión de mantener suspendida la medida.
