Un juez federal desestimó este viernes la demanda presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) y el Centro Nacional de Leyes de Inmigración (NILC) contra la nueva ley de Tennessee que tipifica como delito estatal ciertas conductas relacionadas con la inmigración ilegal.
El juez federal de distrito Eli Richardson determinó que los demandantes carecen de legitimación procesal para impugnar la legislación. En su resolución, señaló que la demanda “está más impulsada por los abogados que por los clientes”.
Richardson, nombrado por el presidente Donald Trump en 2018, no se pronunció sobre la constitucionalidad de la ley, por lo que dejó abierta la posibilidad de que sea impugnada nuevamente en el futuro por otras partes con legitimación legal.
La legislación forma parte de la agenda “Inmigración 2026”, impulsada por la mayoría republicana en la Asamblea General de Tennessee. El paquete de medidas fue promovido por el presidente de la Cámara de Representantes de Tennessee, Cameron Sexton, luego de reunirse con Stephen Miller, subjefe de gabinete de la Casa Blanca y uno de los principales asesores del presidente Trump en materia de inmigración.
Además de esta ley, los legisladores republicanos aprobaron otras iniciativas que establecen nuevos requisitos de verificación del estatus migratorio para acceder a beneficios públicos, obligan a los alguaciles a firmar acuerdos de cooperación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y contemplan sanciones para conductores de camiones comerciales que no demuestren dominio del idioma inglés.
La ley impugnada entrará en vigor el 1 de julio. Entre sus disposiciones, establece como delito menor de Clase A que un extranjero permanezca intencionalmente en Tennessee por más de 90 días después de haber recibido una orden final de deportación emitida por un juez federal de inmigración. En Tennessee, este tipo de delito puede castigarse con hasta un año de cárcel y una multa máxima de 2,500 dólares.
Asimismo, la legislación crea el delito de ingresar o intentar ingresar a Tennessee siendo un inmigrante indocumentado. Sin embargo, esa disposición solo podrá entrar en vigor si la Corte Suprema de Estados Unidos revoca un precedente establecido en un caso de Arizona, en el que determinó que los estados no pueden asumir funciones exclusivas del gobierno federal en materia migratoria. También podría activarse si el Congreso autoriza expresamente a los estados a ejercer ese tipo de facultades.
