Una jueza emitió una orden de restricción temporal que impide al Departamento de Salud de Tennessee compartir información de aproximadamente 400 niños inmigrantes con discapacidades o enfermedades graves con la División Centralizada de Control de Inmigración del estado.
La decisión fue tomada pocas horas después de que tres médicos de Tennessee presentaran una demanda argumentando que la medida podría poner en riesgo la salud e incluso la vida de estos menores, ya que muchas familias podrían abandonar el programa médico por temor a ser reportadas a las autoridades migratorias.
La jueza Patricia Head Moskal determinó que los pacientes podrían sufrir daños irreparables mientras el caso se resuelve en los tribunales. La próxima audiencia fue programada para el 2 de julio.
La controversia surge tras una nueva política estatal que exige reportar información de ciertos beneficiarios de programas públicos. Las familias afectadas fueron notificadas este mes de que los datos de sus hijos serían compartidos con las autoridades estatales de inmigración después del 30 de junio.
Los demandantes sostienen que la ley ha sido interpretada incorrectamente, ya que fue diseñada para aplicarse a adultos y no a menores de edad. También argumentan que la medida podría violar normas federales y afectar tratamientos médicos esenciales para niños con condiciones como epilepsia, leucemia, parálisis cerebral y enfermedades cardíacas.
Hasta el momento, el Departamento de Salud de Tennessee no ha emitido comentarios sobre la demanda.
