La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y el Centro Nacional de Leyes de Inmigración presentaron una demanda federal para impedir la entrada en vigor de una nueva ley de Tennessee que convierte en delito estatal determinadas conductas relacionadas con la inmigración irregular.
La acción legal fue presentada el jueves en representación de dos personas no ciudadanas que han vivido durante décadas en Tennessee. Los demandantes buscan que el caso sea certificado como una demanda colectiva para representar a cientos o incluso miles de personas que podrían enfrentar arrestos, detenciones y procesos penales bajo la nueva legislación, cuya entrada en vigor está prevista para el 1 de julio.
La demanda sostiene que la ley viola la Cláusula de Supremacía de la Constitución de Estados Unidos, al invadir facultades que corresponden exclusivamente al gobierno federal en materia migratoria. Además, solicita a la corte una orden judicial preliminar y permanente que impida a las autoridades estatales aplicar la medida.
“La norma ha sido clara durante más de un siglo: el control migratorio es una facultad exclusivamente federal”, afirmó Hannah Steinberg, abogada del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU. La organización sostiene que la legislación es ilegal y que podría generar temor e incertidumbre entre las familias inmigrantes en Tennessee.
La ley forma parte de la agenda denominada “Inmigración 2026”, impulsada por legisladores republicanos de Tennessee. La iniciativa surgió tras reuniones entre el presidente de la Cámara de Representantes estatal, Cameron Sexton, y Stephen Miller, asesor de la Casa Blanca y figura clave en las políticas migratorias de la administración del presidente Donald Trump.
Además de esta medida, los legisladores republicanos aprobaron otras disposiciones relacionadas con inmigración, incluyendo nuevos requisitos de verificación de estatus migratorio para acceder a ciertos beneficios públicos, la obligación para los alguaciles de firmar acuerdos de cooperación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y sanciones para conductores de camiones que no hablen inglés con fluidez.
La legislación impugnada establece como delito menor Clase A que una persona no ciudadana permanezca deliberadamente en Tennessee durante más de 90 días después de recibir una orden final de deportación emitida por un juez federal de inmigración. Este tipo de delito puede castigarse con hasta un año de cárcel y multas de hasta 2,500 dólares.
La ley también contempla sanciones para inmigrantes indocumentados que ingresen o intenten ingresar al estado. Sin embargo, esa disposición solo entraría en vigor si la Corte Suprema de Estados Unidos revoca un fallo previo que limita la capacidad de los estados para aplicar leyes migratorias propias, o si el Congreso autoriza expresamente a los estados a ejercer funciones de control migratorio.
Los abogados que presentaron la demanda argumentan que el sistema migratorio federal contempla múltiples recursos legales y protecciones para personas con órdenes de deportación definitivas. Entre ellas figuran solicitudes de alivio humanitario, protecciones para víctimas de delitos, beneficios bajo la Convención contra la Tortura y programas como la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).
Una de las demandantes, identificada en los documentos judiciales como “Lucy”, es una mujer de 58 años que ha vivido en Memphis durante los últimos 25 años. Aunque recibió una orden de deportación tras la negación de su solicitud de asilo, actualmente mantiene un proceso migratorio pendiente bajo la Ley de Violencia contra la Mujer.
El segundo demandante, identificado como “Benjamin”, llegó a Estados Unidos cuando era niño junto a su familia. Aunque su solicitud de asilo fue rechazada y recibió una orden de deportación siendo adolescente, actualmente es beneficiario del programa DACA y reside en Memphis.
Los demandantes sostienen que Tennessee está intentando crear su propio sistema de aplicación de leyes migratorias, una función que, según la demanda, corresponde exclusivamente al gobierno federal.
“Un estado no puede reemplazar el sistema de inmigración del Congreso con el suyo propio”, señala el documento judicial presentado ante la corte federal.
