El debate volvió a encenderse en el Capitolio estatal. Y esta vez, acompañado de gritos de protesta.
Un proyecto de ley que obligaría a las escuelas de Tennessee a verificar el estatus migratorio de los estudiantes al momento de la inscripción avanzó este miércoles en la legislatura estatal, luego de ser aprobado por un subcomité de finanzas de la Cámara de Representantes. La votación siguió las líneas del partido.
La medida, identificada como HB 793, fue reactivada por el líder republicano de la Cámara, William Lamberth, quien retomó una propuesta presentada en la sesión anterior, aunque con cambios significativos.
La nueva versión elimina algunas de las disposiciones más controvertidas del proyecto original.
Anteriormente, el plan permitía a las escuelas cobrar matrícula a estudiantes indocumentados o incluso negarles la inscripción si sus familias no podían pagarla. Esa parte ya no está incluida.
Ahora, el proyecto establece que las escuelas solo recopilen información sobre el estatus migratorio de los estudiantes al momento de la inscripción y la reporten al estado. El objetivo, según Lamberth, sería determinar cuántos estudiantes indocumentados asisten a las escuelas públicas de Tennessee.
“Una vez tengamos esa información, el estado podrá decidir qué acciones, si alguna, deberían tomar los legisladores”, explicó el republicano durante la audiencia.
Pero el cambio no llegó por casualidad.
Lamberth aseguró que decidió eliminar las disposiciones que permitirían negar la inscripción a estudiantes indocumentados porque no recibió garantías claras de la Administración Trump ni del Departamento de Educación de Estados Unidos de que la medida no violaría la ley federal.
El riesgo, dijo, era demasiado alto: Tennessee podría perder más de mil millones de dólares en fondos federales para educación.
Sin embargo, el debate no terminó ahí:
Los legisladores republicanos cerraron la discusión antes de que los demócratas pudieran formular preguntas, lo que provocó indignación dentro de la sala del comité.
El representante estatal Jesse Chism, demócrata por Memphis, dijo que quedaron varias interrogantes sin respuesta.
Entre ellas: cuánto costará recopilar y reportar los datos y qué garantías existirán para proteger la información de los estudiantes.
“Había algunas preguntas no polémicas que se estaban planteando y creo que la gente merece respuestas”, dijo Chism. “Me quedo sin palabras por haber interrumpido la conversación en ese momento”.
Mientras tanto, decenas de manifestantes llenaron la audiencia, levantando pancartas y coreando “¡Vergüenza, vergüenza, vergüenza!” mientras se realizaba la votación.
A pesar de las protestas, el proyecto sigue avanzando.
La HB 793 ahora pasará al Comité de Finanzas de la Cámara de Representantes, su penúltima parada antes de llegar a una votación final en el pleno.
En paralelo, en el Senado estatal ya fue aprobado un proyecto complementario, SB 836. Pero ese texto no incluye la nueva enmienda propuesta por Lamberth.
Esto significa que, si la Cámara aprueba su versión, ambas cámaras deberán reconciliar las diferencias del proyecto o el Senado tendría que votar nuevamente una versión modificada antes de que la iniciativa pueda convertirse en ley.
El debate, sin embargo, está lejos de terminar.
Porque más allá de los números y los reportes, la pregunta que sigue flotando en el Capitolio es otra: ¿qué hará Tennessee con esa información si finalmente la obtiene?
