Memphis vuelve al centro del debate estatal. Esta vez no por un hecho aislado, sino por una propuesta que podría cambiar, de raíz, quién toma las decisiones en las escuelas públicas del condado Shelby.
Un informe aprobado el lunes por un panel conjunto de la Cámara de Representantes y el Senado de Tennessee abre la puerta a una intervención directa del estado. ¿La medida? Crear una junta de supervisión con amplios poderes sobre las Escuelas del Condado de Memphis-Shelby, incluyendo el control de un presupuesto que ronda los 2 mil millones de dólares.
El comité, integrado por ocho republicanos y dos demócratas, dio luz verde al plan que ahora se adjunta al proyecto de ley 622 de la Cámara y al 714 del Senado. La propuesta no menciona solo a Memphis, pero la mirada apunta claramente hacia esta ciudad.
¿Por qué Memphis?
Porque, según los impulsores, el distrito acumula fallas en áreas críticas: bajo rendimiento académico, ausentismo, calificaciones deficientes, problemas de liderazgo y, sobre todo, señalamientos de mala gestión financiera. A esto se suma una auditoría forense de 7.6 millones de dólares que algunos funcionarios han descrito como “la peor que han visto”.
Aunque ha habido mejoras recientes en los resultados de pruebas, el peso de los problemas históricos sigue marcando la narrativa.
La nueva junta no sería simbólica. Tendría poder real.
El gobernador nombraría a cuatro miembros. Los presidentes de la Cámara y del Senado designarían dos cada uno. Permanecerían en funciones por cuatro años, con opción a extenderse dos más. Y en un giro de último momento, se aprobó una enmienda que permite incluir a un miembro fuera del condado Shelby.
La senadora Raumesh Akbari no ocultó su preocupación: “Esto es excesivo”, dijo, aunque reconoció que el distrito necesita apoyo. Fue, junto al representante Antonio Parkinson, una de las dos voces en contra.
Parkinson fue más directo: asegura que la medida está diseñada específicamente para Memphis. No es casualidad, señala, que el distrito sea el único en el estado bajo auditoría forense, uno de los criterios clave para la intervención.
Del otro lado, el representante republicano Mark White defendió la propuesta. “Este es un proceso en el que hemos estado trabajando durante dos años… necesitamos abordar deficiencias de 60 años”, afirmó.
Pero, ¿qué puede hacer esta junta?
Prácticamente todo.
Podría aprobar o rechazar contratos mayores a 50 mil dólares, controlar el presupuesto presentado por la junta escolar electa, tomar decisiones sobre propiedades, autorizar escuelas autónomas y hasta despedir o contratar personal sin necesidad de justificar la causa.
Incluso tendría la facultad de anular decisiones locales, como el cierre o apertura de escuelas.
Y hay más.
El informe también impide que la junta escolar elegida por los votantes demande a la junta de supervisión. En palabras del propio documento, se trata de una “restricción generalizada” que limita el uso de fondos públicos para impugnar legalmente sus decisiones.
La estructura incluye evaluaciones anuales sobre todo el sistema: desde la calidad de los maestros hasta el tamaño de las clases, el currículo y la participación de los padres.
El costo también genera preguntas. Se contempla un fondo de reserva de entre 500 mil y un millón de dólares, pero los salarios y beneficios de los miembros y empleados podrían recaer en el propio distrito, elevando los gastos administrativos a más de medio millón al año.
En el papel, la medida aplicaría a cualquier distrito del estado que falle en cuatro de seis indicadores clave. En la práctica, Memphis-Shelby es el único que, según los promotores, cumple con todos los criterios para ser intervenido.
