Con 71 votos a favor frente a 25 en contra, la Cámara de Representantes de Tennessee aprobó el lunes un proyecto de ley que obligaría a todos los alguaciles del estado a colaborar directamente con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La medida establece una condición clara: quien no cumpla, podría perder financiamiento estatal.
La legislación, identificada como SB2223/HB2219, es impulsada por el senador Jack Johnson, de Franklin, y el representante Johnny Garrett, de Goodlettsville, ambos republicanos. Se trata de una pieza clave dentro de un paquete más amplio que busca reforzar la cooperación local con las políticas federales de inmigración, en sintonía con la agenda de deportaciones masivas promovida a nivel nacional.
De recibir la aprobación del Senado algo que se anticipa en los próximos días el proyecto pasaría directamente al despacho del gobernador para su firma.
El punto central de la ley es la obligatoriedad de integrarse a uno de los cuatro modelos del programa 287(g), un mecanismo federal que permite a las agencias locales asumir funciones de inmigración. Estos acuerdos van desde la verificación del estatus migratorio en cárceles hasta la participación activa en operativos dentro de las comunidades.
Actualmente, cerca de la mitad de las agencias del orden en Tennessee ya forman parte de este programa, algunas incluso bajo múltiples modalidades. Con esta legislación, esa participación dejaría de ser opcional.
“Este proyecto de ley fortalece nuestra aplicación de la ley mediante una asociación estratégica a largo plazo con el gobierno federal para mantener seguras nuestras comunidades”, afirmó el representante Garrett. Además, sostuvo que los alguaciles que no participan en estos acuerdos podrían estar incumpliendo su deber constitucional.
Desde la oposición, las preocupaciones no se hicieron esperar. La representante demócrata Gloria Johnson, de Knoxville, advirtió sobre el impacto económico en los condados. “Esto es un mandato sin financiación. Los costos no están claros, y si algo ocurre dentro de una cárcel, el condado será responsable de enfrentar las consecuencias legales”, señaló.
El debate no es nuevo. En 2012, la ciudad de Nashville canceló un acuerdo con ICE tras un caso que provocó indignación pública: una mujer inmigrante embarazada fue esposada a una cama durante el parto bajo custodia del sheriff. El incidente derivó en críticas generalizadas y un acuerdo legal costoso.
A esto se suma que un fondo estatal de 5 millones de dólares, creado el año pasado para respaldar estas iniciativas, ha generado poco interés entre las agencias locales, según legisladores demócratas.
La jornada legislativa incluyó además la aprobación de otras dos medidas dirigidas a la comunidad inmigrante. Una de ellas establece que los exámenes para obtener licencias de conducir deberán ofrecerse únicamente en inglés, tras un período de gracia de 18 meses. Otra exige que las autoridades suspendan licencias comerciales a conductores que no hablen inglés mientras transitan por el estado. Ambos proyectos avanzan ahora al Senado.
La organización TIRRC Votes condenó la aprobación de cuatro propuestas en menos de 24 horas, calificándolas como medidas antiinmigrantes con impacto directo en miles de familias. Entre los efectos señalados se encuentran la cooperación obligatoria con ICE, restricciones en licencias de conducir, limitaciones en registros vehiculares y la exigencia a gobiernos locales de verificar el estatus migratorio al otorgar beneficios públicos.
